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Los Magistrados en general, y los del Tribunal Constitucional en particular, tienen la facultad de emitir lo que la ley llama voto particular, que no es más que mostrar su disconformidad con la argumentación o con el fallo de una sentencia: el derecho al pataleo, que diría una buena amiga, aunque publicado en el BOE.

Cuando el Tribunal de garantías ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad 2054-2020, interpuesto por Vox frente a los Reales Decretos del primer Estado de Alarma, una buena parte de los Magistrados ha hecho uso de ese derecho. Los cinco que parece que votaron en contra de la ponencia han expresado, cada uno a su manera, por qué no estaban de acuerdo ni con el fallo ni con la argumentación de la sentencia de la mínima mayoría, parafraseando al propio Presidente del Tribunal.

La principal disputa, que no la única, radica en que, mientras unos consideran que la prohibición de salir a la vía pública, salvo para determinadas excepciones, era una suspensión del derecho a la libre circulación (para lo que era necesario decretar el Estado de Excepción), otros la consideran una limitación, ya que no se había declarado su suspensión formal (por lo cual era suficiente decretar el Estado de Alarma).

No se me asuste, amigo lector estival. No me corresponde a mí entrar en discusiones doctrinales de esta naturaleza y, mucho menos, hacerlo en estas líneas. Sólo quisiera enfocar su visión principalmente sobre el fondo de la cuestión, ya que lo más conocido siempre son las formas; y lo más importante suele ser el contenido.

Tras unas 15 horas de pleno, suspendido in extremis por alguna referencia especialmente crítica del Magistrado Conde-Pumpido a sus colegas, la decisión del Tribunal vio la luz, junto a casi todos los votos particulares. 

Fue en ese momento en el que el ojo del huracán político se posó sobre las salas del número 6 de la calle de Domenico Scarlatti, de Madrid. Volvieron las críticas feroces y las expresiones de respeto, pero no comparto algo más airadas de lo habitual. Aunque antes ya se había recrudecido una situación particularmente recurrente en estos casos: las fotografías de los Magistrados pintadas de rojo o azul en función de quién los propuso (y, por deducción lógica, señalándoles cómo se esperaba que votaran).

Aún recuerdo cuando don Pablo Pérez Tremps, exmagistrado recientemente fallecido del Tribunal, del que fui alumno, nos reconocía que lo que más le molestaba eran esas imágenes antes de una votación importante, en las que parecían asignarle el sentido de su voto con independencia de su criterio jurídico. 

A veces, esas fotografías se equivocaban con lo que cada Magistrado había votado finalmente. Y, como no podía ser de otro modo, ha vuelto a pasar: Algunos preceptos de los Reales Decretos han sido declarados inconstitucionales y, para sorpresa de algunos, no todos los Magistrados han votado lo que se esperaba.

Particularmente entretenido (si es que se permite este adjetivo para algo así) es el voto particular del Magistrado don Andrés Ollero Tassara, a quien pintan de azul en esas fotografías no solo por quién lo propuso, sino porque fue diputado del Partido Popular. Léalo y me cuenta.

Porque, con independencia de qué argumentos me resulten más convincentes, opinión que me reservo, solo quiero advertirle, mi sufrido lector, que descanse usted estas vacaciones, si puede. 

Nos queda una vuelta particularmente farragosa en muchos aspectos públicos y nuestro nomofiláctico Tribunal no está exento de congojas. Previsiblemente, en septiembre, empezará a decidir sobre el segundo Estado de Alarma (que duró seis meses y delegó facultades en las Comunidades Autónomas, no lo olvide). Además, el Consejo General del Poder Judicial (en funciones desde 2018, nada menos) no podrá nombrar nuevos Magistrados; en esa situación, se discute si el Gobierno podrá hacerlo. 

Todo ello sin olvidar asuntos pendientes desde hace largo tiempo como la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, o de otras leyes que mejor ni recordar para evitar enrojecer algunas caras.

Porque, a mayores, estamos en una situación sin precedentes, en la que no se quieren renovar los órganos constitucionales en los que el mandato de sus miembros ha expirado. Hay quienes, por no saber hacer su trabajo de forma digna, colocan a las instituciones que juraron proteger en la batalla política, para escarnio del Estado de Derecho. 

Estos pobres señores se deben sentir como los yogures: a pesar de estar caducados, se los siguen comiendo. Deben pensar que su mandato es una fecha de consumo preferente y no una previsión constitucional que tienen obligación de cumplir.

Texto: Alejandro Pernías Ábalos

Sección: Tertium genus


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