La Opinión de Cuenca

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ATC o el vapuleo de la Junta en los tribunales

Actualidad


La historia del Almacén Temporal Centralizado, ATC, de Villar de Cañas se puede resumir muy brevemente. Un gobierno que decide que en España es necesaria esta instalación, el de Zapatero en 2010, varios pueblos que se presentan voluntariamente para albergarla, entre ellos la localidad conquense, otro gobierno que en 2011 y tras los informes técnicos pertinentes, el de Rajoy en 2011, la designa como sede de este complejo, se inicia su construcción y el arreglo de carreteras del entorno y en 2015, con la llegada de Page a la Junta de Comunidades, comienza la guerra judicial de la administración regional y la paralización del proyecto. En estos seis años en los que el gobierno regional ha acumulado sentencias negativas a su proceder ha quedado algo muy claro, el uso de recursos públicos, los jurídicos, con un único fin, el político y, por tanto, del partido el socialista que en la actualidad rige los destinos del ejecutivo autonómico.

Esta conclusión se deduce nada más y nada menos que del Tribunal Supremo que el pasado mes de octubre ratificaba lo que el TSJ castellanomanchego ya había dictado, sencillamente que la ampliación de la zona de especial protección de aves en la laguna de El Hito de las actuales 1.000 hectáreas a las 24.000 que pretendía el Gobierno de Page llevaba otros fines que no eran precisamente ni los medioambientales ni los de velar por el bien del municipio de Villar de Cañas. Años de litigio, dinero, tiempo y recursos malgastados en una batalla emprendida por el Gobierno de Page a sabiendas de que no iban a vencer e intentando trampear a la Justicia. Poco importaba la sensatez y la verdad ante las declaraciones públicas y los titulares de prensa.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? Varios meses han transcurrido ya desde que el único y forzado impedimento para continuar con el proyecto, el medioambiental, quedara en agua de borrajas. Que un almacén de este tipo es necesario lo evidencia que esta misma semana el Gobierno de Sánchez destinaba 220 millones de euros a almacenes individuales de combustible gastado de 4 centrales nucleares. Según recogía Efeverde, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) un contrato para el diseño, apoyo al licenciamiento, fabricación y suministro de un sistema de almacenamiento de combustible nuclear gastado de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Vandellós II (Tarragona), cuyo importe máximo asciende a 220,08 millones de euros. La ausencia del ATC de Villar de Cañas obliga a este tipo de gastos para albergar el combustible gastado.  Es decir, que tenemos una necesidad en nuestro país a la que hay que hay que hacer frente, que la solución ya se había adoptado y que una administración, la Junta de Comunidades, decidió obstaculizar para beneficio propio. Un proyecto que, recordemos,  ha sido avalado por el Consejo de Seguridad Nuclear que suma 47.000 horas de trabajo en él.

Nuestro colaborador Alejandro Pernías analiza con todo lujo de detalles en su blog esta última sentencia del Tribunal Supremo contra la Junta de Comunidades. Argumenta que el único motivo de tal ampliación era obstaculizar el ejercicio de una competencia exclusiva del Estado consistente en la construcción en la localidad conquense de Villar de Cañas del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado (ATC) y de su Centro Tecnológico Asociado (CTA); en construcción en el momento en el que se dictó el Decreto anulado y cuyas obras se paralizaron a raíz de dicho motivo, señala Pernías, quien añade que la ampliación de la Zona de Protección se fundamenta en un inventario IBA no vigente y ni siquiera lo respeta. Además, no incluye el Anexo III de la Directiva Habitats, sino una lista de especies sin mayor desarrollo. Sumado a lo anterior, las sentencias recuerdan que la Junta empleó un inventario IBA de 1998, cuando el vigente era de 2011. La diferencia era que, en el anterior, los terrenos del ATC estaban incluidos, mientras que, en el vigente, debido a la pérdida de valores ambientales del entorno, los técnicos de la ONG BirdLife ya no los incluyeron.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha empleó para una finalidad distinta los instrumentos de protección ambiental a su alcance con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de una competencia estatal (desviación de poder). El Estado, cuando adoptó su decisión de ubicación del depósito nuclear, procedió a la ponderación de todos los intereses públicos concurrentes —en decisión que fue ratificada por este Tribunal Supremo— y, en especial, los intereses públicos medioambientales; obviamente los cambios de criterio son posibles en la actuación administrativa, pero los mismos han de venir avalados —en supuestos como el de autos— por un soporte científico y técnico que, como ya hemos expresado, no ha sido percibido por la Sala de instancia, en una modélica valoración probatoria, respecto de la que carecemos de argumentos para variar.

En definitiva, se trata éste de un litigio provocado por las Administraciones Públicas por unos intereses muy alejados de la protección medioambiental. La utilización de instrumentos restrictivos y conservacionistas de protección ambiental como las ZEPA de manera arbitraria y con el único fin de paralizar una obra industrial del propio Estado daña a los pequeños agricultores que vieron restringidas las actividades permitidas en sus terrenos sin que existiera ningún interés ambiental que proteger. Además, ha retrasado una construcción industrial en una zona demográficamente deprimida que el Gobierno parece seguir considerando estratégica y necesaria, entre otros motivos, para su objetivo de desmantelamiento de las centrales nucleares.

Queda, en estos párrafos, bastante claro lo ocurrido y el disparate judicial en el que se embarcó la Junta de Comunidades. Podríamos añadir a los despropósitos las promesas incumplidas del presidente García Page al alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz. Nada menos que el 21 de septiembre de 2015 se reunía el presidente con el primer edil en Fuensalida. Ese día le prometió grandes inversiones para la comarca conquense como compensación por torpedearle el ATC… ¿Alguien puede citar alguna?

Texto: AGA

Foto: Imagen del ATC holandés de Habog, modelo en el que se basa el español de Villar de Cañas

 
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