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Centro de Estudios Penitenciarios, dos años de un proyecto sin previsión

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El 22 de abril de 2021 el Gobierno de España anunciaba oficialmente que el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios tendría su sede en Cuenca. Los políticos gobernantes celebraban la feliz noticia con un brindis, adjudicándose un logro en el que, quienes conocen la historia desde el principio lo saben, poco trabajo y empeño habían invertido. Lo importante en ese momento era la foto. Y cuanto antes.

Estamos a punto de cumplir los dos años del anuncio. El verdadero impulsor de esta iniciativa, Enrique Meras, coordinador provincial de la asociación de funcionarios de prisiones, ‘Tu abandono me puede matar’, la persona que batalló por hacer realidad este Centro para Cuenca, lamenta que, en este tiempo, el desarrollo del proyecto no se asiente sobre la previsión necesaria en una iniciativa de tal envergadura.

De los 24.000 funcionarios de prisiones anunciados por el alcalde Darío Dolz que iban a pasar anualmente por Cuenca, nada se sabe. Es costumbre entre las filas socialistas aventurar números como si tal cosa, empresas, creación de empleo… La facilidad matemática de sus dirigentes es asombrosa, aunque poco tenga que ver con la realidad. En concreto, para este 2023, serán un total de 1.850 los profesionales que recalen en la ciudad. No tendrán nada fácil su residencia en la capital conquense. Los alquileres están complicados y caros, llegando incluso a los 360 euros por habitación para un total de 11 días o 1.900 euros un piso. Gastos a los que sumar las comidas…

¿Y qué hay de la que iba a ser la sede del Centro, el Colegio de San Julián? Pues ahí sigue, esperando las obras de adecuación que necesita. Más de 11 millones de euros, según anunció en este caso el ministro Marlaska y que ha repetido el alcalde Dolz en varias ocasiones, esperan pacientemente, en algún lugar, para viajar a Cuenca. De momento, entre los documentos oficiales, aquellos que recogen las inversiones para infraestructuras penitenciarias, no aparecen por ningún lado. 

Para dar la impresión de que avanzamos, el presidente de la Diputación, Chana, firmaba estos días con la UCLM un convenio para impulsar dos cátedras, una referida al reto demográfico, que ya debía de haber comenzado a impartirse en 2022 y otra sobre Derecho Penitenciario, una idea propuesta originariamente de Enrique Meras. A estas alturas queda claro que El Quijote de este proyecto huye de protagonismos, pero no va a renunciar bajo ningún concepto a seguir luchando por él, para que su desarrollo beneficie tanto a quienes vienen a la capital como a los que, con la llegada de los alumnos, puedan rentabilizar sus negocios, como es el caso de la hostelería.

Todo está relacionado. Todo repercute. Y a todos nos conviene que el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios sea un éxito. Pero no vamos por buen camino. La falta de previsión y la pocas ganas que los políticos actuales están invirtiendo en su desarrollo salen a flote. ¿Alguien a quien sablean por venir a aprender se va a llevar una buena impresión de Cuenca?  ¿Volverá? ¿Qué pensará de un proyecto en pañales, que no acaba de crecer?

La precipitación y la búsqueda de la rentabilidad política, anteponiéndose al interés de los ciudadanos y al trabajo no son buenas consejeras. Los autoproclamados propietarios del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios pueden seguir brindando y aventurando cifras, pero la realidad es la que es. Sin más. 

Texto: AGA

Imagen: El Colegio de San Julián sigue a la espera de su remodelación.

 
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