Es difícil para los ciudadanos de a pie entender lo que están viviendo en este momento como miembros de nuestro Estado Democrático de Derecho cuya forma política es una Monarquía Parlamentaria, y con un sistema de gobierno que se basa en la soberanía nacional, la división de poderes y un régimen parlamentario.
Quizás lo mejor sea vivir inmerso en los problemas individuales del día a día adaptándose lo mejor posible a lo que desde nuestro gobierno se implanta sin cuestionarlo y como suele decirse “que salga el sol por donde sea”.
Quienes se preocupan algo del cómo se hacen las cosas que finalmente les terminan afectando, lo lógico es que al menos sufran una serie de contradicciones mentales que como poco se cuestionen si viven en el sistema político que nuestra propia Constitución nos marca desde su aprobación de forma democrática el seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.
En primer lugar aparecen incongruencias cuando tratamos de distinguir lo se conoce como ideología de izquierda o de derecha.
En éste país cualquier ciudadano conoce, por joven que sea, cuales son los territorios con más o menos recursos. Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia… Los motivos de esa superioridad económica son diversos (geográficos, históricos, políticos, o en ocasiones una combinación de varios). Lo que está claro es que la riqueza es mayor en unos lugares que en otros, y por tanto mejores las oportunidades para los ciudadanos, pues el salario medio también sigue el mismo patrón.
Cuando uno de éstos territorios, por algún motivo beneficiado históricamente, quiere independizarse del resto pues considera que es contribuyente neto positivo para el conjunto del país parece más bien una decisión de derechas que pretende desvincularse del resto para “no compartir” el exceso económico propio con las regiones más retrasadas. Luego, que la izquierda defienda más que la derecha estos posicionamientos no es fácilmente explicable.
Es justo lo contrario de la teoría “cooperativa” donde todos ganan juntos aunque unos se beneficien algo más que otros. La unión siempre aporta sinergias positivas a todos los socios.
Este es uno de los conceptos que son difíciles de entender y por tanto de explicar en nuestra política nacional.
Pero más desconcertante es aún en nuestro sistema político actual el modo de ejercer la administración en beneficio de lo propio o de los míos.
Cuando en teoría la política democrática debiera ser la gestión justa de los recursos públicos para el mejor desarrollo de la sociedad en general, nos encontramos que quienes nos gobiernan lo hacen generando diferencias solo para continuar en el poder el mayor tiempo posible. Y el propio sistema debiera poder condenar y castigar estas actuaciones en beneficio de todos los gobernados. Estamos viviendo actuaciones que tienen más que ver con el autoritarismo que con la democracia, cambiándose las reglas del juego para tener mayor facilidad para mantenerse en el poder.
Es hasta repugnante el modificar la ley para no poder ser condenado en el futuro por los desmanes económicos propios o para auto perdonarse actuaciones que nuestro ordenamiento jurídico castigaría.
Así se llega a cuestiones tan vergonzosas como regalar un dinero por el mero hecho de cumplir la edad que te va a permitir votar por primera vez. O subir salarios o prestaciones a colectivos de mucho peso electoral (por encima del incremento de rentas general que la situación económica permite) para asegurarse su contento en las siguientes elecciones.
También este año está prevista la reducción de las retenciones del IRPF en el ejercicio que comienza (con tres elecciones en su calendario), aunque luego en el año siguiente al hacer la renta se tenga que pagar más. En fin, encima creen que engañan al ciudadano.
La financiación de los sindicatos y otras organizaciones suele tener el enfermizo objetivo de doparlos para silenciarlos y en definitiva evitar que cumplan el justo papel para el que fueron creados. Solo financiados con las cuotas de sus asociados cumplirían el papel que les corresponde.
En el ámbito de lo local también, dentro de las capacidades legales que se tienen, se suele actuar con el único propósito de mejorar el posicionamiento del gobernante de cara a la renovación en el poder. El autobombo a través de recursos públicos, evitar actuaciones que supongan molestar a colectivos considerados afines, …, en definitiva cualquier cosa menos gobernar de verdad gestionando eficaz y eficientemente los recursos que todos los ciudadanos pagamos.
Así está pasando, que las empresas no encuentran trabajadores, quizás por los demasiados subsidios para generar “estómagos agradecidos”, o autónomos que cierran o simplemente deciden no contratar pues los impuestos soportados son infernales en la situación actual. Y todo ello pagado con cargo a lo que no se tiene, es decir con deuda que no para de aumentar y algún día habrá que devolver.
Toda esta maraña de actuaciones públicas desde las administraciones, son completamente reprochables, vergonzosas desde un punto de vista ético y nuestro ordenamiento jurídico tendría que poder penalizarlas para que el sistema político que nos sostiene sea duradero y garantista de la justicia social que un país tan importante como el nuestro merece.
Puede decirse que en la actualidad se están minando los cimientos de nuestra democracia.
Texto: Miguel Antonio Olivares
Sección: El Guardian del labriego