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Diputación: cuatro sospechosas nuevas plazas que frena la Justicia

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Innumerables son las necesidades de las localidades de la provincia de Cuenca. 238 municipios dan para mucho y si añadimos el cronificado problema de la despoblación, el deterioro y supresión de servicios e infraestructuras, el cierre de empresas y fábricas y la generalizada, en el país entero, subida de precios como el del combustible y luz, el gasto del dinero público requiere de una lupa gigantesca que vigile que su distribución se lleve a cabo de la mejor manera posible, priorizando el dónde y para qué se destina.

Esta es la historia de cuatro puestos de trabajo de nueva creación en la Diputación de Cuenca. Cuatro plazas que el actual equipo de Gobierno socialista consideró que eran imprescindibles para que la institución siguiera su curso. Mientras diversos sectores de empleados de la casa reclaman mejoras de sus condiciones laborales, Chana y sus diputados llegaban a la conclusión de que lo mejor para solucionar las carencias, tanto de dentro de palacio como de fuera, era añadir cuatro funcionarios más a la plantilla de la institución provincial, eso sí, técnicos y jefes superiores, pagados por los contribuyentes y cuya designación contara con el suficiente margen de maniobra que permitiera eliminar sorpresas indeseadas. A buen entendedor…

El 2 de diciembre del pasado 2021, los gobernantes de la Diputación aprobaban en el pleno, recordemos que el Psoe cuenta con mayoría absoluta y la incondicional diputada de Cuenca Nos Une, la creación de las mencionadas cuatro nuevas plazas, además de la modificación de dos existentes. Estos nuevos e imprescindibles puestos, a juicio de los socialistas, eran un Jefe de Servicio de Área de Emprendimiento, (quizás para comenzar con tres años de retraso el apoyo a los jóvenes empresarios, tras suprimir el exitoso proyecto Lanzadera), un Jefe de Patrimonio, (a lo mejor para iniciar alguna obra o proyecto que no venga de la legislatura pasada y ayudar al concejal/diputado liberado Valero en sus tribulaciones con, por ejemplo, el Puente de La Melgosa o los monumentos que se nos caen) un Técnico Superior de Ingeniería (puede que para, por fin, proyectar alguna obra nueva en carreteras o ejecutar las del pasado) y, para finalizar, un Técnico de Marketing y Redes Sociales, fundamental para dar el pego, obviamente, a través de las pantallas de móviles y ordenadores de que un Equipo de Gobierno trabaja y con resultados. La propaganda, que duda cabe, se torna elemento fundamental sobre todo cuando se van acercando la fecha de las elecciones. Entre las pretensiones de cambios de la Relación de Puestos de Trabajo también se encontraba la modificación de la plaza de Jefe de Servicio de Intervención y la de Cooperación y Contratación. 

Todo el plan quedaba, pues, atado tras pasar por la apisonadora del pleno provincial y seguro que avisados los agraciados, con alfombra de bienvenida incluida. Pero llegó la Justicia, a modo de Juzgado Número 1 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca. En una sentencia que se hacía pública la pasada semana, un magistrado daba la razón al recurso presentado por el Grupo Popular de la Diputación y declaraba la nulidad parcial de la RPT y Plantilla de Personal de la Diputación de Cuenca para el año 2022. Viene a argumentar el documento, en términos generales, que los gobernantes provinciales no han llevado a cabo una auténtica negociación para estas nuevas incorporaciones y cambios y que es necesario que su provisión se base no exclusivamente en méritos generales sino que se valoren otros específicos como la experiencia en la materia o la formación. Los diputados populares que dieron a conocer públicamente la sentencia resumieron la situación de manera muy sencilla, el Equipo de Gobierno de la Diputación ha hecho uso de una arbitrariedad impropia de una institución transparente y democrática al crear cuatro puestos de trabajo que vienen a ser, cada uno de ellos, una libre designación encubierta. Ni más ni menos.

Dejando al margen la legalidad, que ya es un punto bastante peligroso, ¿Qué pasa con la ética? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos de un gobierno que está más centrado en colocar a cuatro afines que en emplear el dinero público en donde más se necesita y de manera justa? Que, por cierto, esta es otra cuestión. Subvenciones y ayudas se reparten sin orden ni concierto, sin dar la posibilidad a todos los pueblos de optar a ellas, sin consultar a los alcaldes para qué necesitan el dinero y designando cantidades sin estudiar previamente si son las adecuadas o no. La pasada semana, los diputados populares abandonaban una sesión plenaria cuya forma y fondo no se ajustaban a la legalidad. Los socialistas tenían prisa por repartir subvenciones entre ellas 180.000 euros al pueblo del presidente de la Diputación, Almonacid del Marquesado, sin detallar para qué.

Ante el abandono de la oposición del salón plenario, el actual presidente de la institución, Martínez Chana, se marcó un speech de aquellos en los que se percibe que a uno le gusta escucharse y que al resto de la clá no le queda más remedio que esforzarse y asentir se diga lo que se diga. Entre las lindezas que pronunció el aspirante a orador, (no acostumbra a contestar a ninguna pregunta que se le formula en las sesiones plenarias) Chana se refería a la legislatura pasada, la del gobierno del Partido Popular, como barriobajera. Pertenecer a los barrios bajos y trabajar desde la política por quienes más lo necesitan es una de las tantas responsabilidades de un servidor público honrado. Crear puestos de trabajo para amiguetes es, de momento, ilegal. Y comprar un coche de 80.000 euros con dinero público mientras los transportistas, el sector del campo y los ciudadanos no tienen ni para pagar el combustible, altamente inmoral. Parece que el actual señor presidente tiene muy claras sus preferencias.

Texto: AGA

Foto: Fachada de la Diputación Provincial de Cuenca

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