La Opinión de Cuenca

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Diputación: la compra de un edificio bajo sospecha

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Todo apunta a que el orden que ha seguido la Diputación de Cuenca para comprar un edificio, un bajo situado en la calle Diego Jiménez, justo al lado de las vías del tren, no ha sido el más ortodoxo. La institución realizaba esta adquisición para albergar los servicios del Organismo Autónomo de Recaudación, que actualmente se encuentra en la calle de Las Torres, en el edificio que pertenecía al antiguo ICONA.

Esta historia, a pesar de contar como protagonista a una administración pública, está salpicada de apasionantes capítulos que merecen ser recordados, para poder, como defendemos siempre desde este digital, contar con una perspectiva amplia de lo ocurrido para que cada cual saque sus propias conclusiones. 

Vamos a comenzar el relato el 1 de marzo de 2021. Ese día, la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de la capital exhibían su buena sintonía anunciando un acuerdo de compra venta para el mencionado edificio del antiguo ICONA. Así lo anunciaban los medios de comunicación locales, entre ellos SER Cuenca, “el precio de la venta supera los 1,9 millones de euros, y el consistorio va a utilizar gran parte de lo que obtenga para rehabilitar los antiguos almacenes municipales de la Avenida Reyes Católicos y adecuarlo como espacio cultural. El alcalde, Darío Dolz, ha explicado que la venta del edificio a la Diputación permitirá crear un nuevo espacio cultural en la ciudad, y además cercano a la Escuela Superior de Arte Dramático que el gobierno regional quiere instalar en parte del instituto número siete”. Por lo que se refiere a la institución provincial esta operación le permitía que el Organismo de Recaudación siguiera en las mismas dependencias, evitaría una incómoda mudanza, “ya se había destinado una partida de dos millones de euros para el Servicio de Recaudación en los presupuestos de este 2021”, informaba la emisora.

Ambos gobernantes socialistas, Dolz y Chana, se las prometían felices en su acuerdo hasta que el martes 13 de julio la concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Cuenca, Cristina Fuentes, presentaba ante el juzgado de lo contencioso una demanda cuyo objeto era evitar, precisamente la venta del edificio a la Diputación. Según recoge en una nota informativa la página web de esta formación política, Fuentes basaba su reclamación en que, a su juicio, “es una pérdida del patrimonio de todos los conquense en favor de la Diputación de Cuenca y no vamos a permitir que se mal venda este edifico ya que puede ofrecer un gran servicio a la ciudad y permite el ahorro de más de 100.000 euros al año a las arcas municipales”. Los naranjas añadían en este comunicado que el inmueble se habría tasado por debajo de su valor en casi 900.000 euros, una suma, que duda cabe muy significativa. Spoiler, a día de hoy este proceso judicial no se ha resuelto y se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La compra venta se paraliza, pues, y transcurren 10 meses. Nos vamos a mayo de 2022. En concreto el día 13, los medios locales anuncian la rendición de la Diputación en su adquisición del edificio. La institución provincial hace público según recogen, entre otros, La Tribuna de Cuenca que “comprará otro inmueble mediante concurso público y maneja un presupuesto que asciende a 520.000 euros”. En ese momento, la vicepresidenta del Organismo de Recaudación, Nuria Illana, ya avanzaba unos requisitos muy concretos que debería de cumplir el nuevo inmueble, “una superficie mínima de 600 metros cuadrados, acceso desde al menos un vial público y que se encuentre dentro de la malla urbana de Cuenca capital”, seguía relatando La Tribuna. No desaprovechaba la ocasión Illana para atacar a Ciudadanos por haber recurrido a la Justicia en esta operación y pronunciaba las siempre efectivas frases comodín sobre el perjuicio que la situación suponía para los conquenses y los trabajadores del organismo. De autocrítica por haber dado lugar a una supuesta compra del edificio rebajado, nada de nada.

Un mes y medio pasaba hasta que, el 30 de junio, la propia Nuria Illana anunciaba la compra de otro inmueble, sustituyendo la fallida operación del edificio ICONA. Las nuevas dependencias desde las que se prestaría el servicio de recaudación se ubicarían en un bajo de la calle Diego Jiménez. Las características se adecuaban como un guante a lo que la diputada socialista había anunciado ya en mayo. Illana aparece en una fotografía, distribuida por la institución, junto al cartel de Se Vende, en la fachada de estas instalaciones, observando un anuncio, el de la venta, que parecía tener desde ese momento sus días contados. 

“La Diputación de Cuenca ha adquirido por valor de 520.000 euros un local que tiene más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y que se encuentra situado entre las calles Diego Jiménez y San Marcos. Esta ha sido la única oferta presentada a la licitación y cumple con los requisitos para ser destinado a albergar el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación. El edificio tiene un buen estado general y no dispone de ningún daño estructural visible. El local se ubica en la Calle Diego Jiménez, número 16, situación enmarada en la zona centro de Cuenca a una distancia inferior a 400 metros del Palacio Provincial y una zona de aparcamiento gratuito en los alrededores. Entre las reformas que requiere el edificio cabría destacar el cambio de las carpinterías exteriores, sustituir los revestimientos y acabados, también hay que sustituir el sistema de calefacción y climatización por unos más eficientes energéticamente”, apuntaba la institución en nota de prensa.

En este punto comienza lo que podríamos considerar, segunda temporada de la malograda ‘Operación ICONA’. La reacción a la compra del edificio de Diego Jiménez no se hizo esperar. El Partido Popular de Cuenca emitía una nota de prensa unos días después, el 6 de julio, alertando sobre una operación en la que el Equipo de Gobierno socialista no explicaba el porqué del elevado sobre coste que había pagado por el inmueble de Diego Jiménez que «estaba en situación de embargo y fue adquirido por una compradora, en nombre de la entidad Gastro y Talento, a un precio sensiblemente inferior al que la Diputación ha pagado finalmente por convertirse en la nueva propietaria, es decir, hay más de 300.000 euros de diferencia, un beneficio que se ha embolsado la empresa vendedora a costa del erario público”. Los populares, desde ese momento, focalizaron su atención en esta operación y la han criticado por su falta de transparencia. Las sospechas sobre el asunto se formalizaban el pasado 22 de noviembre ante la Fiscalía de Cuenca. El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca acudía a los juzgados para denunciar una posible prevaricación y malversación de fondos en la adquisición del local. Aportaron pruebas como la que sostiene que un mes antes de sacar a licitación pública las bases para la compra de un inmueble, la institución ya contaba con los planos de la reforma del edificio de Diego Jiménez. Obviamente, aún no se sabía que se iba a adquirir ese bajo. Algo, pues, no cuadraba.

El mismo día de la denuncia de la operación, la Diputación de Cuenca emitía un comunicado. El Equipo de Gobierno socialista afirmaba sentirse “sorprendido” por los acontecimientos y se escudaba en que “los informes técnicos, jurídicos y económicos de este expediente son todos favorables y están firmados por funcionarios de la Diputación Provincial de Cuenca”. Como declaración de intenciones, concluía este texto oficial, la institución mostraba su predisposición para colaborar y ponerse a disposición del Ministerio Fiscal en todo lo que requiera. Obvio, faltaría más que una institución no colaborara con la Justicia. Llama la atención que, sobre el indicio más evidente, el del diseño de la reforma antes de la licitación pública, no se aluda en el comunicado. Si esos planos no se hubieran elaborado un mes antes, quizás, este texto lo habría reflejado. ¿Dan por hecho que fue así? La defensa de la Diputación en la compra del edificio se antoja algo débil y nada contundente.

Esta es la parte de la historia pública que ha trascendido. Como podemos observar, la trama sigue y el final aún se antoja más que abierto. Lo que está claro, a tenor de los hechos, es que el revés en la compra venta del edificio de ICONA quiso taparse de forma rápida e indolora por parte de la Diputación de Cuenca con otra adquisición. Y que el proceso no ha sido todo lo transparente y ortodoxo, como decíamos al principio, que debiera. Independientemente de en lo que concluya todo, las dudas que se han sembrado en el proceso son mucho más que razonables y tendrían que haberse evitado. Una institución pública no se lo puede permitir.

Texto: AGA

Imagen: Edificio cuya planta baja ha sido adquirido por la Diputación.

 
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