La Opinión de Cuenca

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El mundial de fútbol, los derechos humanos y la nueva primavera árabe

Opinión


Hace unas semanas, en cualquier periódico nacional podíamos leer el siguiente titular: “La exministra socialista Trujillo reitera que hay que devolver Ceuta y Melilla a Marruecos”. Se trata de una deriva más en la sinrazón en la que están sumidos algunos de los que, como miembros del Gobierno, deberían defender nuestro país, y que, sin embargo, parecen más obsesionados en atacarlo que en cumplir con sus obligaciones. Una sinrazón que empezó -si es que esto ha empezado alguna vez, o se encuentra en el ADN de una parte de nuestro espectro político-, cuando, a mediados del mes de abril, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue autorizado a entrar en España con identidad falsa, a pesar de que se encontraba en situación ilegal -el líder del Frente Polisario no entró con identidad falsa, sino con "identidad distinta", llegó a decir María Jesús Montero, retorciendo el lenguaje hasta lo absurdo-, lo que provocó una importante crisis diplomática con el reino de Marruecos. Después llegaría, con el fin de poner parches a esta situación con el país vecino, el cambio de postura del Gobierno español en el asunto del Sahara, sin contar ni siquiera con la opinión del Congreso, lo que provocó, a su vez, una nueva crisis, ahora con Argelia, precisamente en el momento en el que más dependíamos del gas procedente del país norteafricano por la crisis desatada por culpa de la guerra de Ucrania. Y finalmente, y para rizar ya el rizo -no es la primera vez que esto ocurre-, las nuevas declaraciones de la exministra, tan alejadas de la realidad.

No se puede devolver a un país un territorio del que nunca ha sido verdadero poseedor. La realidad de Gibraltar no tiene nada que ver con la realidad de las dos plazas norteafricanas, nunca marroquíes. Gibraltar pasó a dominio británico hace sólo trescientos años, debido a un tratado de paz que puso fin a una guerra, la de la Sucesión, que, si tuvo una parte meramente interna de España, fue también un conflicto de carácter internacional, europeo. En este caso, los dos países firmantes del acuerdo, Inglaterra y España, eran sendos estados europeos, soberanos. Sin embargo, las relaciones de nuestro país con el norte de África, no sólo con las dos plazas de Ceuta y Melilla, es más antigua que el propio reino alauita, y que el propio Marruecos como país soberano. Se remontan a los tiempos de los fenicios y los cartagineses, cuando los Barca, procedentes del actual Túnez, invadieron nuestras costas, y fueron todavía más importantes durante el imperio romano, periodo de la historia en el que la Mauritania Tingitana -con capitán el Tingis, la actual Tánger-, era una provincia del imperio que estaba incorporada a la diócesis de Hispania. La relación entre un lado y otro del estrecho se mantuvo durante el reino visigodo, y sólo la invasión de los musulmanes en el año 711 rompió temporalmente ese status quo. En 1415, Ceuta sería conquistada por el rey Juan I de Portugal, y pasaría a manos españolas en 1580, a partir de la crisis sucesoria en el trono portugués, que acabaría con la incorporación del reino al imperio español. Melilla, por su parte, había sido ya incorporada a España en 1497, a raíz de la conquista de la plaza por parte de Juan Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia. Marruecos, mientras tanto, era sólo un territorio poblado por diferentes etnias bereberes enfrentadas entre sí, unidas sólo por la religión, el islam. Aunque hay quien intenta remontar el estado marroquí a los tiempos de Idris I, el fundador de la dinastía idrisí, a finales del siglo VIII, lo cierto es que no se puede hablar de un auténtico estado moderno hasta la llegada al trono de la dinastía alauita en 1664, la misma que todavía gobierna el país. 

Pero no es mi intención, ahora, hablar de política exterior, sino de algo mucho más cercano: las contradicciones que una parte del espectro ideológico español muestran a menudo, sobre todo cuando anda por medio todo lo relacionado con el feminismo. Se critica a menudo la sociedad española del siglo XXI en lo que al feminismo se refiere, hasta el punto de que se crea un nuevo ministerio, el de Igualdad; se intensifican políticas de género que, a juzgar por las encuestas realizadas en los últimos años, no están dando los resultados que deberían ir acordes con la gran cantidad de dinero aportado para esas políticas; se intenta, incluso, modificar el lenguaje hasta el absurdo. Sin embargo, se silencian aquellas situaciones que, en otros países, atañen incluso a los derechos humanos de las mujeres, como la ablación, o el casamiento obligatorio de las niñas que todavía se encuentran en edad púber. Se podría decir que son asuntos, estos, que atañen a otros países, tan soberanos como el nuestro, pero la realidad es que no se puede ser ajeno a esta clase de derechos, sobre todo -tampoco en el resto de los casos- cuando atañen a inmigrantes que viven en nuestros países europeos, muchos ya de segunda y tercera generación, súbditos ya, por tanto, de esos países.

A este respecto, muy pocas son las voces que, procedentes de esa parte del espectro ideológico, se han alzado en contra de lo que en estas últimas semanas está sucediendo en Irán. Cuando escribo estas líneas se acaba de publicar la noticia de que, por primera vez, el gobierno de Teherán reconocía la primera condena a muerte de una persona, acusada de participar en las protestas multitudinarias -mucho más multitudinarias de lo que el gobierno iraní de los ayatolás quisiera, a pesar de los peligros reales a los que deben hacer frente quienes participan en ellas-. El origen de estas manifestaciones, recordémoslo, fue la muerte, bajo custodia de la policía de la moral, de Mahsa Amini, una joven kurda de veintidós años, que había sido detenida por llevar mal ajustado el velo, hecho que, según su estricta interpretación del Corán, incumplía las regulaciones sobre la forma de vestir. La joven fue introducida en una furgoneta y golpeada violentamente, aunque la policía negó las acusaciones, afirmando que la mujer sufrió un problema de origen cardiaco. Los hechos, que sucedieron el 16 de septiembre de este año, provocaron una gran oleada de altercados,  -una nueva primavera árabe, podríamos decir- que se extendieron desde Teherán a todo el país, y en los que fueron habituales, incluso, mujeres que se quitaban el velo y lo quemaban públicamente, a la vista de los policías y de las autoridades. A finales de octubre, cuando se cumplían los cuarenta días del asesinato de Mahsa, la prensa internacional se hacía eco de una peregrinación masiva al lugar en el que la joven había sido enterrada, en la que habían participado más de diez mil personas.

Probablemente, no será la última. En los últimos meses, entre catorce mil personas, según Naciones Unidas, y dieciocho mil, según diversas ONG`s han sido detenidas en las protestas, en las cuales han fallecido ya, a manos de las fuerzas de seguridad, más de trescientos manifestantes. Mas de veinte de esos manifestantes están acusados de delitos que pueden terminar, también, con la pena de muerte. Y en lo que se refiere a la garantía jurídica de que los acusados disfrutan en el país, se puede decir que esa garantía es nula, tal y como ha reconocido el periódico El País, y el resto de la prensa mundial: “El código penal iraní prevé que la confesión del acusado baste para justificar una condena a muerte, o bien el testimonio de dos hombres —el testimonio de una mujer vale la mitad—. En julio de este año, antes del inicio de las manifestaciones, Amnistía Internacional había criticado que las condenas a muerte en ese país se dictan de manera habitual sobre la base de confesiones obtenidas con torturas. El relator especial de la ONU sobre Irán afirmó recientemente que dadas las arraigadas deficiencias legales del sistema judicial iraní, casi todas, si no todas, las ejecuciones son privaciones arbitrarias de la vida”.

El problema de los escasos derechos de la mujer en el mundo árabe no es privativo de Irán. En Arabia Saudí, y en el resto de los emiratos árabes que se reparten el resto de la península arábiga, los derechos de la mujer están muy limitados, hasta el punto de que en algunos de ellos tienen prohibida la asistencia a los partidos de fútbol, y en Arabia, sólo desde hace muy poco tiempo pueden conducir un vehículo. Pero es en Irán, y en otros países teocráticos, donde la situación es particularmente grave. También en Afganistán. Es fácil criticar la política de Estados Unidos cuando no nos afecta, cuando vivimos en Europa al resguardo de la democracia y de los derechos humanos, y cuando nuestra única preocupación, de cara a esos derechos, es buscar un trabajo y una vivienda digna. Sin embargo, los derechos de la mujer en Afganistán se han visto reducidos prácticamente a la nada desde que las tropas norteamericanas salieron del país, dejando éste en manos de los talibán. Tan sólo hay que leer los titulares de algunas de las noticias que, respecto a ello, ha publicado la prensa internacional: “La Unión Europea condena las nuevas restricciones a los derechos de las mujeres en Afganistán”, “Los talibanes prohíben gimnasios y baños públicos a las mujeres en Afganistán”, “Los talibanes de Afganistán siguen cercenando derechos de las mujeres”, “Talibanes no dejan a las mujeres ir a los parques”, “La Asamblea General de la ONU denuncia los abusos contra las mujeres en Afganistán”,… Es ésta sólo una pequeña muestra de los titulares que podemos encontrar en internet, procedentes de distintos periódicos nacionales e internacionales.

Tampoco el mundo del fútbol es ajeno a este tema, precisamente ahora, cuando está a punto de comenzar el mundial en uno de esos países de honda tradición musulmana. En este sentido, quizá sería bueno que los amantes del deporte rey nos paráramos a reflexionar un poco hasta dónde nos está llevando el exagerado mercantilismo que, desde hace ya mucho tiempo, está transformando lo que antes había sido sólo un deporte. No se trata ya de la publicidad de las camisetas de los equipos más importantes, en las que se publicitan compañías aéreas o empresas procedentes de esos países, o incluso la propiedad de esos equipos, algunos de ellos en manos de fondos con intereses en dichos estados, o incluso directamente de los propios estados; podría decirse que se trata de simples negocios comerciales entre empresas, similares a otros acuerdos que también se hacen, como la venta del petróleo o la construcción de trenes rápidos o de cualquier otro tipo de infraestructuras.

Estoy hablando ahora de la propia decisión de celebrar el mundial en un país como Qatar, una decisión que desde un principio no ha sido ajena a las polémicas, y no sólo las relacionadas con la necesidad de que éste se tenga que celebrar en invierno por las elevadas temperaturas que allí se viven en verano, y todo lo que ello supone: obligación de paralizar las ligas nacionales; perjuicios a los clubs más importantes, que se ven obligados a prestar a sus futbolistas internacionales en plena campaña, sin saber en qué situación se van a encontrar estos cuando la competición tenga que reanudarse; … En los últimos días antes de que empiece a rodar el balón, los primeros aficionados ya han llegado al país árabe, aunque se han visto a pocos de ellos, todavía, en los aeropuertos de Europa o América -algunos afirman, y demuestran las fotografías publicadas en prensa, que se trata realmente de aficionados qataríes, vestidos con las camisetas de las diferentes selecciones participantes, para dar una idea falsa de la acogida de este mundial entre los aficionados-.

Más importancia que este decorado de cartón piedra tienen otros asuntos, relacionados también con los derechos humanos hasta el punto de que ya se ha empezado hablar de este mundial como el de la vergüenza. Uno de esos asuntos está relacionado con la construcción de los nuevos estadios, en un país carente de infraestructuras necesarias para un evento de estas características. Así, en un país en el que la mano de obra en la construcción corre a cargo de migrantes procedentes de los países más pobres del mundo, el diario británico The Guardian ha publicado que desde el año 2010, cuando Qatar fue elegido como sede para el mundial del año 2022, la cifra de fallecidos en la construcción de los estadios se eleva a unos seis mil quinientos, dato que han recogido después otros periódicos, y que es negado categóricamente por las autoridades qataríes; no obstante, la Organización Internacional para el Trabajo ha reconocido la inexistencia de datos reales reportados por dichas autoridades, por lo que es imposible llegar a una conclusión cercana a la realidad del problema, más allá de los cincuenta que, sólo para el año 2020, ha podido certificar como tales.

Pero el problema relacionado con la falta de derechos también afecta a los aficionados procedentes de los países que compiten, e incluso, en ocasiones, a los propios futbolistas. Leemos otro titular de prensa: “Un embajador del Mundial de Qatar afirma que la homosexualidad es un daño en la mente”. El titular no se queda en simples palabras, sino que se ha advertido a quienes acudan al mundial que la homosexualidad en el país está prohibida, y que, aunque se ha a hacer un poco la vista gorda en lo que se refiere al consumo de alcohol, siempre y cuando éste no se realice en público, los espectadores procedentes de otros países deben respetar las tradiciones y las leyes propias de los qataríes. Por otra parte, también ha sido foco de polémica la convocatoria de la selección iraní para el mundial, una convocatoria que tuvo que ser retrasada por el seleccionador, el portugués Carlos Queiroz, por las presiones del gobierno para evitar la convocatoria de algunas de las estrellas de su país, principalmente de Sardar Azmaun, que había condenado públicamente la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de su país. Afortunadamente, el entrenador portugués no accedió a las presiones gubernamentales, y el delantero del Bayer Leverkusen estará finalmente junto a sus compañeros de selección, una de las escasas buenas noticias de este mundial por cuanto representa.

A la hora de tomar una decisión tan importante como ésta, que afecta a tantas personas y a tantas instituciones diferentes, ¿hasta qué punto el dinero es capaz de sobreponerse a otros aspectos, como la tradición futbolística, la moral, o incluso los propios intereses de las partes afectadas? ¿Podemos blanquear a los estados que ni siquiera cumplen con los estándares, más bajos en lo que se refiere al respecto de los derechos humanos, permitiendo la organización de eventos como éste? Seguramente, éstas y otras preguntas quedarán al margen hoy, cuando empiece a rodar el balón, aunque sean pocos los aficionados que se hayan desplazado para ver in situ a sus ídolos recorriendo la banda, y marcando los goles más difíciles.

Texto: Julián Recuenco

Sección: La Atalaya del Observador

 
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