Escribo este artículo hoy día seis de diciembre de 2022, fecha en la que conmemoramos todos los españoles el cuadragésimo cuarto aniversario de nuestra Carta Magna. 44 años llevamos los españoles trabajando y luchando por avanzar hacia la consecución de los valores recogidos en su artículo 1 –libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. Daría para un gran y largo artículo el análisis de cómo parte, quiero pensar que minoritaria, de nuestra sociedad, así como de nuestros más altos dirigentes políticos, están vilipendiando e intentando destruir lo que un día fue el punto de partida para una reconciliación y nuestro fundamento para una convivencia en democracia durante estos 44 años, LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
Por el contrario, sí voy a hacer hoy una reflexión al amparo de uno de sus artículos, el 46, y lo hago sin apartar la vista de mi querida Cuenca.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Cuenca, durante estos tres últimos años, ha perdido la oportunidad de hacer de nuestro patrimonio cultural y artístico un recurso de desarrollo de una importancia trascendental, no solo para la ciudad de Cuenca, sino también para toda la provincia, que goza de una variedad orográfica, cultural y artística, que la dota de una riqueza verdaderamente envidiable. En esta línea de trabajo, y con el fin de impulsar nuestro patrimonio aunando criterios, en 2019 durante la anterior legislatura de Benjamín Prieto en la Diputación de Cuenca, se aprobaba la creación del INSTITUTO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL, hecho que ya recogí en un artículo de 2021 de la siguiente manera:
“En el pleno del 30 de enero de 2019 de la Diputación, tal y como recoge su acta, se aprueba la moción del Grupo Popular, con la que se acuerda iniciar el expediente para la creación y puesta en marcha del INSTITUTO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. La sede de este Instituto sería la Casa Curato de San Pedro, propiedad de la Diputación. A nivel nacional sería el primer instituto de estas características, avalado y apoyado por la Asociación Nacional de Historiadores de Arte, situando a Cuenca como referente en el ámbito de la conservación y de la apuesta por el patrimonio tanto artístico como histórico, apuesta que supondría un impulso seguro y contundente de la economía de nuestra región. Este instituto trabajaría conjuntamente con el Ayuntamiento de Cuenca, el Consorcio Ciudad de Cuenca, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Comité Español de Historia del Arte. Las funciones y servicios de este Instituto serían fundamentalmente las de preservar el mayor fondo documental y gráfico posible, con el fin de dar apoyo y ponerlo a disposición de profesionales y estudiantes, impulsar el estudio de la recuperación y conservación del patrimonio en todas sus áreas, así como asesorar y realizar informes a todos aquellos que lo solicitasen en temas de conservación de patrimonio. Sin olvidar todas las actividades de índole cultural que se generarían como resultado”.
Este proyecto, lamentablemente se quedó en el camino, ya que con la entrada en la Diputación del nuevo gobierno de Martínez Chana, fue inmediatamente anulado y abandonado sin pararse a analizar la idoneidad del mismo. Lo mismo ocurrió con otros proyectos que valorizaban nuestro patrimonio, como fue Serranía en Vía, el proyecto de construcción de hospederías como la de Huete, la recuperación del Palacio de los Gonsálvez… etc., consiguiendo únicamente de esta manera, la pérdida o deterioro progresivo del patrimonio conquense, privando a nuestros pueblos, ya de por sí castigados por la despoblación, de una posibilidad de generación de riqueza.
Los bienes patrimoniales, tanto si son naturales, culturales, como si son históricos, son una fuente de desarrollo económico para los pueblos, especialmente en un momento en que la pérdida de población y la crisis del sector primario, los amenaza con la desaparición. Por eso se hace indispensable una valorización del sector terciario del ámbito rural focalizado en el patrimonio.
Es por esto, que todas las administraciones públicas, no pueden ni deben obviar el Artículo 46 de nuestra Constitución, aplicando políticas de desarrollo que impulsen la conservación y puesta en valor del patrimonio de nuestra provincia. Sin estas políticas, tanto el modo de vida de nuestros pueblos, como su patrimonio está en verdadero peligro de extinción. Pero lo que no se debería permitir, es que esta implicación administrativa en ayudar al mundo rural en el reto de su supervivencia llevara consigo una descapitalización de los municipios rurales de sus riquezas patrimoniales. Así, son las administraciones municipales, los Ayuntamientos, los primeros responsables y garantes de que estos bienes patrimoniales sigan perteneciendo a sus municipios, única vía para que la riqueza generada por ellos revierta en sus municipios. Son los ayuntamientos y sus alcaldes, junto con las corporaciones municipales, los que deben velar para que los proyectos aplicados sobre su patrimonio reviertan en desarrollo local. Pero en municipios tan pequeños, en su mayoría, como los de la provincia de Cuenca, la implicación de las administraciones provinciales, regionales y central, se hace indispensable, pero siempre en colaboración con las locales. Si el objetivo primordial, junto con la conservación del patrimonio, es la dinamización del mundo rural, cualquier estrategia que se aplique ha de ser abordada de manera conjunta y consensuada entre todas las administraciones.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Texto: Ana Martínez
Imagen: Dependencias del Palacio de los Gosálvez, en grave estado de deterioro, situado en el término municipal de Casas de Benítez.