La Opinión de Cuenca

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El Consejo de Europa

Opinión


Han pasado 16 meses desde que el socialista Boris Cilevics, parlamentario letón, viajara a España para visitar a los golpistas catalanes en la prisión de Lladoners, así como a otras instituciones catalanas y estatales.

La visita, realizada a título de miembro del Consejo de Europa, fue financiada en parte con fondos del Congreso de los Diputados gracias al voto afirmativo en la Mesa, de PSOE y Podemos. Hoy conocemos como el resultado del viaje ha sido un informe demoledor, aprobado hace unos días en el seno de la Asamblea del Consejo de Europa desacreditando a las instituciones políticas, legislativas, y judiciales del Reino de España. 

Ya en aquel momento el PP, a través de su entonces portavoz en la Cámara Baja, Dª Cayetana Álvarez de Toledo, puso el grito en el cielo presagiando en aquel trabajo el descrédito de la democracia española. Ante las insinuaciones del parlamentario Báltico de que “aquí vivíamos poco menos que en una dictadura y que se encarcelaba a la gente por sus ideas” la dirigente del PP se reafirmó que el Congreso no debería contribuir a esa visita que iba contra España. Ante la aceptación del gasto por el partido del Gobierno y sus socios en el Congreso, el PP consideró que tanto el viaje de Cilevics como el informe que estaba elaborando buscaba blanquear a los golpistas independentistas en prisión y presentaba queja en la Cámara. También Iván Espinosa de los Monteros, consideró entonces que el Parlamento no podía financiar «viajes a quien viene a cuestionar el sistema judicial».

El Consejo de Europa es una organización internacional surgida del congreso europeo celebrado en la Haya en mayo de 1948 tras el fin de la contienda mundial. Sus loables fines son consolidar la paz la justicia; la cooperación internacional; los valores espirituales y morales; la libertad individual; la política y el imperio del derecho, además del progreso social y económico. Por supuesto entre sus competencias no está la de hacer recomendaciones contra la separación de poderes como pretende claramente el informe al cargar contra las resoluciones y actuaciones del poder judicial. Tampoco les deja en buen lugar, y delata las intenciones de fondo, saber que intentaron retirar la referencia de que España es una de los estados más antiguos de Europa y del mundo. 

El Consejo tiene dos claras limitaciones entre sus normas: no debe alterar la obra de las Naciones Unidas y de las restantes organizaciones internacionales de las que formen parte; con clara subordinación a las mismas y con especial referencia a Naciones Unidas. Recordemos en este punto que la resolución 2625 (XXV) de la ONU, dice que ningún estado, tampoco las organizaciones internacionales como esta, tienen derecho a intervenir en los asuntos internos de otro Estado, considerándose las injerencias como una violación del Derecho internacional. Y es que el informe aprobado por la asamblea es rabiosamente una injerencia descomunal, hasta hoy no protestada por el departamento de exteriores. Ni está ni se la espera.

El respeto a los derechos humanos es el fundamento ideológico del Consejo de Europa, materializado en el convenio de Roma de 1950, el cual fue ratificado por las Cortes siendo Presidente D. Adolfo Suárez el 10 de octubre de 1979. 

Entre los derechos reconocidos del convenio de Roma se proclama el derecho a la libertad y seguridad personal; el derecho a un juicio equitativo y a ciertas garantías procesales entre las que está el juicio público en plazo razonable; ante un tribunal independiente e imparcial, así como proclamar la inocencia del acusado hasta que se declare legalmente su culpabilidad; derecho a ser juzgado con las garantías que se especifican; informado de la acusación en lengua que comprenda; tiempo para preparar su defensa; ser asistido por su defensor; derecho a interponer recurso ante una jurisdicción superior. Perfil que España cumple por completo.

Dice el artículo 10.2 de la Constitución que las normas sobre derechos humanos se interpretarán según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por los tratados internacionales suscritos y ratificados por España entre otros. Eso afectaría en este caso al tratado internacional suscrito con el Consejo de Europa que acabamos de relacionar en la parte que interesa, y que es tomado por el poder judicial en sus resoluciones entre las que se encuentra la agredida por ese informe. Todo lo cual nos da una idea de las brutales falacias expuestas y aceptadas por mayoría en aquella asamblea. 

Y es que los condenados golpistas tuvieron la oportunidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, el cual ya hace unas semanas se pronunció contra las pretensiones de uno de los penados que, al conocer el fallo, recurrió inmediatamente ante las instancias del órgano más importante del Consejo de Europa: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien resolverá en su momento. Porque es el TEDH (que hasta la fecha respecto al asunto catalán siempre ha fallado a favor de España y en contra de los independentistas) y no la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, quien ha de revisar el procedimiento. La asamblea parlamentaria tiene como actividad principal formular recomendaciones, las cuales no pueden suponer nunca injerencias. Compuesta con 633 miembros, la mitad suplentes, quienes son elegidos por los parlamentos nacionales: Quede claro que no son jueces, son parlamentarios de cada estado miembro.

No voy a entrar en el fondo del informe: a mi juicio deplorable; sectario; a instancia de parte; humillante; y con un sesgo político inaceptable para esa organización internacional. Pero si voy a entrar en su improcedencia, cuanto vulnera las limitaciones del propio Consejo de Europa ya descritas. Para demostrar su falsedad pondré como ejemplo un test inapelable: Si el sistema institucional, político y jurídico español fuera característico de las acusaciones de ese lamentable informe, hace tiempo que la Comisión Europea hubiera puesto en marcha el mecanismo del artículo 7 del T.U.E para determinar la existencia de las violaciones plasmadas y velar por el incumplimiento de los valores del artículo 2: democracia, estado de derecho y respeto de los derechos humanos entre otros; resultando la inmediata y grave suspensión de nuestros derechos en la organización. Y a nadie se le escapa el rigor y seriedad de la Unión Europea en estos asuntos, por lo que si esto no ha ocurrido hasta la fecha es porque no hay caso alguno.

Todos tenemos claro que esto ha sido parte de una maniobra repugnante del independentismo; tolerada con la inactividad defensiva por parte del gobierno español y en particular del departamento de asuntos exteriores por los motivos que todos nos imaginamos. 

Algunos han llegado demasiado lejos y esta humillación internacional a nuestro Estado ha de ser respondida en nuestro derecho interno con medidas que, entre otras muchas, esperan sobretodo los ciudadanos realmente oprimidos en territorio independentista (verdaderos afectados y olvidados en ese informe) con una inmediata modificación de la ley orgánica del régimen electoral general, LOREG. 

Ahí está la madre de todos los peores males políticos y de la inestabilidad que hemos sufrido en muchos momentos de los últimos 40 años. Un gobierno no puede estar en manos de nadie que no sea la voluntad popular a través de sus representantes mayoritarios en las cámaras políticas. Gobiernos elegidos por mayorías ponderadas, si es necesario en su caso, que den una sensación de estabilidad real a la inversión exterior e interior, y no dependan de chantajes o chantajistas que traigan mas desigualdad a nuestras tierras diversas pero compactas.

No es una necesidad sino un gigantesco clamor popular que no puede esperar más.

Texto: Juan Carlos Álvarez

Sección: Desde mi escaño


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