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Macrogranjas, ¿desarrollo económico o peligro medioambiental?

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Casi ningún proyecto, y menos los empresariales, suelen desarrollarse sin que desde uno o varios frentes se levante alguna voz crítica. Es cierto que son numerosas las empresas que, adelantándose a sus posibles detractores, se venden desde las ópticas más atractivas, la creación de empleo y la generación de riqueza para la zona en la que se instalan, pero, dependiendo de la actividad que aborden, esa venta se torna más o menos complicada.

Desde hace unos años, la provincia de Cuenca y en concreto varias decenas de pueblos, vive inmersa en una situación que poco o nada beneficia a sus habitantes y más concretamente a los vecinos de estos municipios. De cuando en cuando, y ante la planificación de implantación de macrogranjas, sobre todo porcinas, habitual es el rechazo a modo de comunicados de prensa, por parte de la asociación Pueblos Vivos muy activa, carteles en casas y fachadas municipales mostrando disconformidad y manifestaciones en las que sus asistentes también hacen patente su rechazo. Las macrogranjas, las más recientes, suelen empezar con mal pie su andadura, criminalizando poco menos a quienes la ponen en marcha y asaltando de forma brusca la convivencia vecinal. Los alcaldes, por regla general, se ven obligados a tomar partido, en una tesitura que claramente les supera y en la que tienen no sólo a cumplir la ley, sino a garantizar y permitir que así se haga. Algunos primeros ediles, con amplia escuela como el socialista de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, está intentando aprovechar claramente la tesitura para matar varios pájaros de un tiro. Primero, para autoafianzarse como héroe local, defensor a ultranza del sentir quintanareño, criticando la explotación ganadera planificada cerca de su localidad y, de paso, intenta evidenciar a la alcaldesa de la vecina Villanueva de la Jara, de signo político opuesto al suyo, en este caso del Partido Popular. Para finalizar, justifica su meritoria gestión en este asunto hablando de las consabidas cartas, esta vez a la Junta, aquellas que los gobernantes actuales, todos del mismo signo, se envían unos a otros para trasladarse los problemas de la sociedad, pero que o nunca llegan, o se guardan en los famosos cajones sin ánimo ni de ser respondidas ni de llevar a cabo actuación alguna al respecto.

En la implantación de macrogranjas en la provincia de Cuenca se mezclan varios factores, entre los que destaca, de manera evidente, la emotividad en su rechazo. Al igual que en otros asuntos como el ATC de Villar de Cañas, en contraposición con el macrovertedero de Almonacid del Marquesado oculto hasta ahora, el medio ambiente y su protección es el argumento más sólido que exhiben sus detractores. Un mensaje sencillo y claro que deriva en causar, al menos, inquietud en toda la sociedad y, en especial, en los alrededores de estas instalaciones. ¿Tenemos la suficiente información sobre las macrogranjas? ¿Si cumplen la ley, por qué se ha desatado este movimiento social en contra de ellas? ¿Por qué las administraciones de las que depende su instalación no atajan esta inquietud y explican con claridad lo que está sucediendo? ¿Nadie es capaz de dejar claro, por ejemplo, que los alcaldes no tienen potestad alguna en este proceso? Y sobre todo, y tal como nos plantea uno de los expertos consultados por este digital, si el problema son los purines que generan los cerdos, ¿Por qué las administraciones, la Junta y el Gobierno de España no habilitan ayudas para que los empresarios puedan canalizar su correcto tratamiento y evitar posibles daños, por ejemplo, a las aguas subterráneas?

Lo que está claro es que en provincias como la conquense y en decenas de sus municipios no se puede alentar o ponerse de perfil ante la crispación que provoca una situación como la actual ni tampoco apostar por la desinformación como agitador social para sacar un incierto partido de lo que está aconteciendo.

Empezamos mal. Y es que el término macrogranja se viene utilizando de manera inapropiada. Según nos explican fuentes consultadas por este digital “en marzo del año 2000, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el Real Decreto 324/2000 para regular y limitar por ley el número máximo de animales en una granja porcina. Por tanto, desde ese año en España no se construyen macrogranjas. Esa normativa fue sustituida y ampliada en 2020 con el Real Decreto 306/2020”. En este sentido y en ambos ejemplos, “el tamaño de las granjas está perfectamente regulado: en ningún caso podrá autorizarse la instalación de granjas con una capacidad superior a 864 UGM (Unidad Ganadera Mayor). Por tanto, las macrogranjas que pueda haber en España, que las hay, son anteriores al año 2000”.

Dependiendo del tipo de granja porcina, pueden dedicarse a la reproducción y cría del cerdo, las reproductoras, o al engorde, las de cebo, que es el paso previo al envío al matadero, nos siguen explicando estas fuentes. La idoneidad de la provincia de Cuenca para albergar granjas ganaderas es obvia, “es una provincia extensa con una amplia tradición agrícola aunque con menos tradición en porcino que otras zonas de Castilla-La Mancha. Las amplias extensiones agrícolas y la baja densidad de porcino en la provincia la convierten en una zona con potencial para el desarrollo ordenado y sostenible de un sector que aporta riqueza y dinamiza la economía en el medio rural. Una provincia como Cuenca permite aplicar un modelo de desarrollo basado en la economía circular”, afirma nuestro experto. Aunque desarrollaremos más adelante la cuestión de los residuos, las fuentes consultadas nos avanzan cómo se gestionan los que producen las granjas, “el principal que se genera en una porcina es el purín, que está compuesto por las deyecciones de los animales y el agua de lavado de las granjas. Aunque por su composición orgánica y por su capacidad de valorización, en zonas agrícolas como Cuenca se considera un subproducto ganadero no un residuo. El modelo de economía circular que comentábamos antes permite valorizar el purín generado en una granja porcina como abono orgánico para el campo. La fertilización orgánica de esas tierras contribuirá a cultivar cereales con el que producir el pienso utilizado para alimentar a los animales de la granja. Así se cierra el círculo y vuelve a iniciarse el proceso”. El experto alude a la situación actual y reitera que la falta de tradición ganadera porcina en Castilla-La Mancha, junto al desconocimiento y a la desinformación pueden haber sido clave para derivar en los problemas que se han desarrollado en algunos pueblos, “esa escasa tradición, unida al desconocimiento y a la desinformación genera inquietud en la población. El sector porcino en España está perfectamente regulado. La española es una de las regulaciones más estrictas en Europa y en el mundo en materia medioambiental y de bienestar animal. Y en Castilla-La Mancha, por ejemplo, la regulación es todavía más exigente, por ejemplo, en la distancia de la granja a núcleos urbanos. Las oportunidades que un sector como el ganadero en general y el porcino en particular pueden aportar al medio rural manchego merecen ser analizadas y no rechazarse de manera injustificada como se ha podido estar haciendo".

Reiteran las fuentes consultadas que la normativa es tajante al respecto de las granjas porcinas, en España no se construyen macrogranjas desde el año 2000 y  “si nos referimos a la normativa que regula la instalación de granjas porcinas, el RD 306/2020 delimita perfectamente todos los aspectos que pueden afectar a un proyecto de granja porcina incluyendo también los medioambientales: distancia entre granjas, distancia de una granja a núcleos urbanos, distancia a ríos y caminos, volumen de emisiones, gestión del purín, etc, así como las Mejoras Técnicas Disponibles que se aplicarán para reducir el impacto ambiental de la instalación… Además, cualquier proyecto debe someterse a exposición pública y a una declaración de impacto ambiental donde técnicos especializados analizan minuciosamente cada detalle”. Por todo ello, “la puesta en marcha de una granja porcina está sujeta a la obtención de numerosos permisos administrativos. A grandes rasgos, el diseño del proyecto debe someterse a exposición pública donde se pueden presentar las alegaciones que se considere oportunas. El proceso administrativo finaliza con la obtención de una Autorización Ambiental Integrada que permite solicitar la licencia de construcción del proyecto. Evidentemente, la elección de la ubicación puede influir en su futuro desarrollo. El RD 326/2020 delimita perfectamente donde puede y donde no puede ubicarse una granja”.

Las fuentes consultadas aclaran algunas diferencias entre las granjas porcinas y otro tipo de explotaciones, “incorporan tecnología para reforzar aspectos como la bioseguridad, el bienestar animal y reducir el impacto ambiental derivado de la actividad de la granja. Hace años, éramos los españoles los que íbamos a otros países a ver cómo funcionaba el sector porcino y ahora vienen de Europa y Estados Unidos. No hemos convertido en un referente mundial en el sector porcino”.

Cuando una determinada actividad crece obedece, obviamente, al incremento de la demanda, principalmente, en este caso, por dos factores, “el aumento de la población mundial y el incremento de sectores de la población que pide una alimentación de más calidad incorporando carne a su dieta, una proteína de alta calidad a un precio adecuado. La posición de referencia del sector porcino español ha permitido a nuestro país responder a esa demanda y convertirse en una potencia exportadora como Dinamarca, Estados Unidos o Alemania”

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura los países a los que más ha exportado España carne de cerdo son China, Francia, Italia, Portugal y Japón. Respecto a las cifras económicas que arroja el sector, como apunta el citado Ministerio, “supone en torno al 14% de la Producción Final Agraria. En cuanto a las producciones ganaderas, el sector porcino ocupa el primer lugar alcanzando cerca del 39% de la Producción Final Ganadera”. Por lo que se refiere al trabajo, el experto consultado nos relata que “la actividad de una granja genera empleo directo e indirecto. El trabajo que ofrece es estable, no sujeto a una estacionalidad porque una granja porcina funciona los 365 días del año”.  Cabe destacar que la ganadería es una de las actividades que más capacidad tiene para fijar población en el medio rural ya que “requiere la presencia física diaria de los empleados para poder prestar una atención constante a los animales. Las personas relacionadas con la actividad de la granja necesitan por tanto fijar su residencia en el pueblo o poblaciones más cercanas a los núcleos de producción”.

Los purines

La controversia o rechazo en torno a las granjas porcinas reside, fundamentalmente, en qué hacer con los purines, que son los residuos que se derivan de los excrementos de los cerdos. Según otra fuente consultada por este digital, la cuestión se centra, principalmente, en la gran cantidad que estas explotaciones generan y que no encuentran salida como fertilizantes. Nos advierte este experto que la reutilización de los nitratos para el campo es, obviamente, aconsejable, pero que existen unos límites, “no siempre es época de abonar la tierra y el exceso de nitratos resulta perjudicial”. Esta fuente explica que “hay que calcular la dosis adecuada para la tierra” y que “contamos con una directiva que regula la aplicación tanto de fertilizantes como purines”. Insiste este experto en que la cantidad de purines es el problema fundamental de las granjas que no pueden deshacerse de ellos de forma incontrolada. ¿Cuál es la solución, pues, a este problema? “La tecnología es muy amplia y podría aplicarse a esta cuestión”, apunta. Así, nos habla de así nos habla de balsas para acumular los purines excedentarios, para aplicarlos en aquellas épocas que los demanden los cultivos, o bien se podrían aprovechar para obtener energía térmica o eléctrica y con esa energía secar los purines y de esta manera, esa materia orgánica, concentrada, podría ser transportada a otras regiones con déficit de materia orgánica y nutrientes, para su aprovechamiento agrícola, “el problema es el coste que supone la medida para los empresarios. Sin la ayuda económica de las administraciones es poco probable que puedan asumirla”. La legislación en cuanto a los nitratos en nuestro país es exigente, “y lo va a ser más”, una garantía al fin y al cabo de control que debería de evitar preocupaciones y tensiones entre los propietarios de granjas y la ciudadanía. En este proceso, la fuente consultada introduce un concepto, el de contaminación difusa, es decir, que en esa posible detección de presencia alta de nitratos no se puede precisar con exactitud la fuente de donde proceden, su origen, que, puede ser, incluso, de varios sitios. 

Otro de los argumentos de rechazo para la instalación de granjas porcinas son los olores que se derivan de ellas. Hay que aclarar que cumplen con la legislación en cuanto a distanciamiento de los pueblos, pero en ciertos lugares pueden llegar a molestar. Como apuntábamos antes, la tecnología vuelve a convertirse en la solución a estos problemas, “podrían instalarse unos filtros de carbón activo o biofiltros y así se evitarían”, apunta el experto, pero volvemos a los costes y, sobre todo, “a que las leyes no lo exigen” y, por tanto, podríamos afirmar que permite que ese dudoso aroma llegue hasta los pueblos. La clave, pues, parece clara, la sostenibilidad del medio ambiente y el cierre del círculo verde pasa por varias fases y, sobre todo, por partidas presupuestarias que ayuden a los involucrados.

El problema de la concentración de nitratos no es de ahora, viene de años, ni tampoco es exclusivo de España. En general, toda Europa y los países que más dependen del campo, como Italia, Grecia o Portugal, lo sufren. Otros territorios cuentan con la lluvia como aliada favoreciendo  que las posibilidades de contaminación de sus aguas se diluya. Las fuentes consultadas nos avanzan de la elaboración de una normativa europea más exigente que pedirá, entre otras cuestiones, más control a los agricultores, mediante su Cuaderno de Campo, de los trabajos que realizan en la tierra y, en concreto, de los fertilizantes, de la cantidad y cuando se han utilizado. 

Parece, pues y recopilando, que la primera batalla que han perdido en Cuenca las granjas porcinas es la del lenguaje. Tampoco quedan del todo claro los intereses de quienes más se justifican en sus ataques a las mismas o en sembrar el descontento y la inquietud sin informar de una manera clara a los habitantes más cercanos a las instalaciones. Pero, lo que si se torna meridianamente claro es que, si se quieren evitar y prevenir posibles efectos nocivos de estas granjas, las administraciones gobernantes deberían de habilitar ayudas económicas para que así sea y que los propietarios gestionen los purines de la manera más apropiada e inocua posible. No podemos estar escuchando constantemente en los discursos políticos actuales el concepto de la economía circular aplicable solo donde interesa, aunque no sea ni cierto ni demostrable, volvemos al macrovertedero de Almonacid del Marquesado, mientras se abandona a su suerte a decenas de empresarios de nuestra provincia y se sume en la crispación a los vecinos de varios municipios conquenses.

Texto: AGA

Imagen: Foto del exterior de una granja porcina en Cuenca

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