La Opinión de Cuenca

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Más palabras, menos habitantes

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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya tiene listo su proyecto de ley para luchar contra la despoblación. El actual gobierno, casi seis años después de llegar a Fuensalida, ha elaborado un texto que analiza pormenorizadamente los graves problemas que generan y retroalimentan la escasez de habitantes en el mundo rural y ha desarrollado, en medio centenar de páginas, una serie de intenciones que inciden en las consabidas carencias que tienen nuestros municipios, pero sin plantear compromisos firmes, dejando las puertas abiertas a que el panorama actual pueda no solo continuar, sino ir a peor. Una de las reivindicaciones más mediáticas en nuestra provincia durante estas últimas semanas la ha protagonizado el tren. El ferrocarril, como explicábamos en el primer número de este digital, no sólo sigue suspendido en la mitad del trayecto que pasa por Cuenca, en concreto en el tramo que nos une a Utiel, sino que el cuidado de vías y estaciones brilla por su ausencia. La competencia en materia ferroviaria no es de la Junta de Comunidades, pero sí es una de las responsabilidades del Gobierno regional garantizar la movilidad de sus ciudadanos, máxime en una provincia como la nuestra, con población envejecida y con una extensión que nos sitúa entre las primeras de España. En este documento regional destinado a intentar revertir la lacra de la despoblación en nuestra provincia, no se alude ni en un solo momento al tren, ni a la problemática que atraviesa en la actualidad, ni se recoge una declaración de intenciones de que la Junta, como institución, vaya a personarse en la defensa de Cuenca, y del resto de provincias, en esta materia. Esta omisión, pese a su importancia, podría hasta justificarse por aquello de que tanto desde la Junta como desde la Diputación consideran, como han manifestado públicamente sus dirigentes, que ya están haciendo todo lo posible por la continuidad del tren convencional, a través de, según han explicado, una carta dirigida a Adif, que, hasta el momento, no ha obtenido respuesta.  Para viajar en autobús, los conquenses tampoco lo tienen nada fácil. La pandemia sirvió para reducir los ya escasos servicios por carretera y, desde entonces, la frecuencia de este transporte tampoco se ha recuperado. En su artículo 45, el proyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, nombre completo de la norma, incluye un concepto que sentará un peligroso precedente sobre todo en los pueblos de menor población, “el transporte público de personas viajeras en el medio rural se prestará principalmente a través del transporte sensible a la demanda” reza textualmente. Este sistema para dotar de un servicio esencial al mundo rural y garantizar la movilidad de quienes no tienen carné de conducir o ya no utilizan un vehículo privado por cuestiones de la edad ha aglutinado, desde que se puso en marcha en determinadas zonas de nuestra provincia hace más de un año y medio, un sinfín de quejas por las dificultades que plantea, principalmente que no se puede recurrir a él en caso de imprevistos y que resulta complicado contactar con los teléfonos que se habilitan para pedir que el autobús pase por el pueblo. En definitiva, todos estos condicionantes en lo que revierten es en el deterioro de los servicios públicos, ¿no se invierte y regulan las frecuencias de trenes y autobuses porque no hay pasajeros? o más bien, ¿la gente no viaja en transporte público porque no se ajusta a sus necesidades y prescinde de esos viajes o recurre a familiares y amigos? Es la pescadilla que se muerde la cola, pero, mientras tanto, la revalorización de nuestros pueblos y su posibilidad de retener habitantes y de atraer nuevos pobladores se va esfumando poco a poco.

Los hechos, el mejor reflejo de la realidad

Que la lucha contra la despoblación cuente con un marco legal que la englobe y la ampare es totalmente deseable. Lo que provoca inquietud es que hayamos tenido que esperar seis años para contar con un total de 75 artículos destinados a una realidad que ya en sí en un problema y que provoca, como origen y destino, otros tantos. Una trasversalidad que, precisamente, urge a que se acometan medidas desde diferentes perspectivas y, a ser posible, de manera simultánea. Divide la nueva ley a nuestras zonas rurales en escasamente pobladas, en riesgo de despoblación, intermedias y periurbanas y, a su vez, contempla dos categorías, las que denomina de “intensa despoblación” y las de “extrema despoblación”. Habrá que comprobar, con hechos, qué matices diferencia unos pueblos de otros y, sobre todo, si se han pensado en medidas concretas y específicas para cada uno de los grados que sostienen estas divisiones. Habla, este proyecto, de “promover el apoyo a diferentes sectores claves en el medio rural, como el de la bioeconomía, el agrario, alimentario o el forestal”. En este aspecto y relacionado con la provincia de Cuenca, es irremediable recordar a la empresa Iberopinar, ubicada en Almodóvar y dedicada a la extracción de resina. En 2018, el propio presidente de la Junta anunciaba la creación de más de 200 puestos de trabajo. Nunca se llegó a este número, apenas superó los 45, y ya a mediados del año pasado, sólo contaba ya con 8 empleados. O el más reciente cierre de Gamesa, en la capital, una empresa relacionada con la energía eólica y que supone que Cuenca prescinda de una de sus pocas empresas punteras en términos tecnológicos. ¿Qué acciones concretas se plantea la Ley contra la despoblación para evitar que las empresas ya existentes no cumplan con lo prometido o, más grave aún, cierren? Sí recoge la ley, de forma genérica, un “apoyo financiero a proyectos empresariales viables en las zonas rurales más afectadas por la despoblación”. Comprobaremos qué entiende el gobierno regional por ‘viable’ sobre todo atendiendo al fracaso más que evidente de la mencionada Iberopinar en uno de los sectores con más potencial de nuestra provincia, como es el forestal. 

Residencias de mayores, patrimonio y la España Vaciada

La sensación general de la Ley contra la Despoblación es que llega demasiado tarde a un panorama, el de nuestra provincia, que necesitaba cambios mucho antes y también medidas claras. Además, subyace la sensación de que hay que deshacer lo ya andado porque no ha ayudado en nada a los habitantes de nuestros pueblos. La norma regional explica que tiene como objetivo “facilitar el acceso a los servicios que ofrezcan los centros residenciales ubicados en el municipio o en municipios próximos” y que este acceso a un recurso de atención residencial esté “a menos de 40 kilómetros de su hogar”.  ¿Es esto factible sin que el Gobierno regional concierte las plazas necesarias en las residencias? ¿Una persona mayor va a tener que trasladarse a 40 kilómetros de su pueblo aunque en su municipio haya una residencia sólo porque no tenga este tipo de plazas, es decir, se quedarán vacías a pesar de que hay demanda? La contradicción y, sobre todo, la falta de sensibilidad y planificación ante un grave problema, como es el que plantea el progresivo envejecimiento de la población, es más que evidente. Otro punto que llama poderosamente la atención es el relativo a la recuperación de patrimonio en nuestra tierra. “Incentivar la protección, rehabilitación, recuperación y utilización del patrimonio natural, cultural, material e inmaterial, etnológico e histórico como vía de valorización económica”, recoge textualmente la Ley. ¿Es compatible esta declaración de intenciones con el hecho de que la Junta no haya dedicado en su presupuesto para este año ni un solo euro a este fin? 

La terminología y la imagen que del mundo rural se proyecta en los medios de comunicación también es importante a la hora de revalorizar, incentivar e incluso entender lo que supone vivir en un pueblo, “se pondrá en valor la imagen y reputación del medio rural, potenciando con estrategias territoriales de comunicación, la realidad de las áreas rurales y de sus ventajas sociales y económicas, destacando los valores que caracterizan la vida en el mundo rural”. Este artículo de la ley es, evidentemente, incompatible con que desde la clase política gobernante se siga utilizando terminología como España Vaciada, un concepto con tintes claramente negativos. En otro orden de cosas, se echa en falta, también en la Ley, una referencia al problema de la vivienda en los pueblos, inmuebles que se deterioran y contribuyen al empeoramiento el entorno, al peligro de la ocupación ilegal o a lo importancia que para un gran número de municipios representan las segundas viviendas, que acogen a sus dueños vacaciones o fines de semana. 

“El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha incorporará a sus sistemas de citación pacientes tanto en atención primaria como en especializada, los mecanismos necesarios tendentes a coordinar la asistencia a las consultas y pruebas diagnósticas con los horarios de los servicios de transportes públicos”. Este párrafo también resulta revelador. ¿Qué ocurre con la paulatina supresión de las consultas presenciales en los consultorios? Y volvemos al principio, ¿la asistencia a estas consultas coordinadas con los horarios de los transportes públicos? ¿qué transportes públicos, los que se están suprimiendo? Lo dicho, la pescadilla sigue mordiéndose una cola y, mientras tanto, en nuestra provincia, más papeles y menos habitantes…

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