La Opinión de Cuenca

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'Okupación', el desamparo de vecinos y propietarios

Actualidad


El derecho a una vivienda no es discutible y máxime cuando se añaden a esas circunstancias extremas que llevan a determinadas personas a quedarse sin un hogar la responsabilidad de unos niños a los que proporcionarles un cobijo. Pero en torno a este grave problema, sobre todo en los últimos años, se ha levantado un suculento filón que abarca diferentes áreas como la política, la informativa, la económica, empresarial, social o la judicial. Mientras en el Congreso se rechazan leyes para endurecer penas y medidas contra los okupas, los medios informativos rellenan contenidos con historias para todos los gustos. Los más avispados sacan partido económico ejerciendo como ojeadores e informadores de viviendas vacías y cobrando por ello, nacen empresas de fornidos integrantes que se dedican a solucionar lo que policía y guardia civil deberían y no pueden, tribus que se autodenominan movimientos con el punto de partida de infringir la ley y bufetes legales especializados en el problema. En medio de todo esto, se encuentran los sufridos propietarios y también los vecinos de quienes, como en el salvaje oeste, conquistan una vivienda porque sí, con el autoconvencimiento de que están en su derecho y con el amparo de las actuales leyes que, automáticamente, le dan la vuelta a la situación convirtiendo a los usurpadores en casi víctimas.

Aunque con altibajos, la ocupación en nuestro país sigue constituyendo un grave problema. Es básicamente una cuestión de suerte que a un propietario no le ocupen una vivienda en la que no reside habitualmente o que, en el caso de tener inmuebles vacíos alrededor, no contemos con un vecino okupa que distorsione la convivencia del lugar con destrozos en la casa o actos delictivos.  Como ejemplo, estos días han copado minutos informativos el calvario que están sufriendo los vecinos de la localidad guadalajareña de Horche, con centenares de individuos que campan a sus anchas entre los bloques de casas pertenecientes a una entidad bancaria, y que atentan contra la paz propia de un municipio que no llega a los 3.000 habitantes. Por cierto, con respecto a esta grave situación se pronunciaba el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, señalando que ya había contactado con su homólogo en Moncloa, Pedro Sánchez, para instarle a que solucione el problema y que no había tenido, por el momento, respuesta. Diciembre ha marcado Page como fecha tope para que Horche recupere su calma. ¿La situación puede prolongarse y esperar pacientemente, sin garantía de solución, otros tres meses? ¿Alguno de estos dirigentes políticos se ha puesto en la piel de los vecinos que día a día tienen que soportar esta tensión? 

La provincia de Cuenca tampoco se escapa a la problemática okupa. En la capital, por ejemplo, el edificio anexo al Museo Arqueológico permanece secuestrado por aquellos que un día decidieron hacer de este inmueble su hogar. Esta circunstancia tan, al perecer inocua, ha paralizado durante años la ampliación del propio museo e impedido la intervención y rehabilitación en un inmueble que a todas luces representa un grave peligro de derrumbe. Son dependencias municipales. ¿De verdad un Ayuntamiento no tiene recursos legales o no los ejerce para recuperar un inmueble que es de todos los conquenses y cuya recuperación redundaría en el beneficio común?

El alto número de viviendas vacías en la España Rural tienta de manera constante a estos grupos, la mayoría organizados, de ocupadores. Es lamentable que las fuerzas del orden no puedan actuar ante hechos como éste y tengan que ser los propios vecinos, como en el caso de Horche, quienes se ocupen y preocupen de solucionar el problema. En junio del año pasado, en la localidad de Horcajo de Santiago comenzaba un intento de colonización de unas viviendas, en concreto de 3 de ellas. Pertenecientes a un banco, y de una gama que pudiéramos calificar media/alta, un tranquilo domingo a las cinco de la tarde, vecinos, guardia civil y equipo de gobierno del municipio, con su alcaldesa a la cabeza, tuvieron que hacer frente a quienes, amparados por la actual ley, decidieron llegar a vivir por estos medios nada ortodoxos a esta localidad conquense. Como relataba la primera edil, María Roldán al día siguiente en Telecinco, al programa Ana Rosa Quintana, la rápida y conjunta actuación del pueblo evitó un mal mayor y, en pocas horas, los okupas lo abandonaban. También relataba la alcaldesa que los inquilinos tenían la intención de empadronarse, circunstancia que hubiera tenido que llevarse acabo porque la ley así lo permite. Los okupas rechazaron cualquier asistencia social alternativa a la invasión de las casas. La alcaldesa lanzaba una petición, que se legisle de acuerdo a la realidad, a lo que sucede y soportan miles de españoles en la actualidad, “somos un pueblo acogedor y solidario, ayudamos a quienes lo necesitan, pero no a los que llegan aquí de esta manera”, concluía la alcaldesa en esa entrevista. La presentadora del magazine, Ana Rosa Quintana, exponía otro factor fundamental que alienta a la ocupación, el abandono y falta de medidas de las entidades bancarias propietarias de los inmuebles para evitar que esto suceda.

En El Ballestar sí siguen los okupas

Si en Horcajo de Santiago los indeseados okupas no consiguieron su propósito de quedarse, no corrieron la misma suerte los vecinos de El Ballestar, una urbanización perteneciente al municipio de Barajas de Melo. En agosto del pasado año, sus vecinos lograron que cuatro individuos no se asentaran en una de sus viviendas, pero ganaron una batalla, no la guerra. Al poco regresaron otros y más numerosos. Al menos cinco casas están ocupadas ante la impasibilidad del Ayuntamiento por solucionarlo y también, todo hay que decirlo, de la entidad bancaria propietaria de parte de los inmuebles por prevenirlo. En previsión a lo que pudiera seguir ocurriendo, los concejales del Partido Popular de la localidad proponían que se elaborara una ordenanza municipal encaminada a actuar contra las ocupaciones ilegales. Pedían la creación de una oficina que ofreciera asistencia jurídica gratuita a todos los propietarios de viviendas ocupadas, que mediante ese documento se obligara a las entidades financieras a tapiar las viviendas vacías, como medida disuasoria para la ocupación, habilitar sanciones si no se llevaba a cabo este proceso y la creación de un censo actualizado de viviendas en riesgo de ocupación para trasladárselo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las medidas fueron rechazadas por el actual gobierno socialista de la localidad. Cierto es que no suponían, ni pretendían serlo, la solución al problema okupa, pero al menos eran un comienzo para evitar que la situación llegue a estar fuera de control, como ha ocurrido en Horche.

De momento, los okupas de El Ballestar no se mezclan demasiado con los vecinos del pueblo, pero sí utilizan servicios como el de la electricidad, a la que se ensanchan ilegalmente, consumiendo sin ningún tipo de pudor ni ahorro, “las luces están encendidas día y noche”, nos cuenta un vecino. Está claro que sin tener que pagar las abusivas facturas del precio actual de la luz, los okupas se pueden permitirse el lujo de mantener iluminada las viviendas todo el tiempo que quieran.

Cifras y letras

Según datos del Ministerio del Interior del pasado año 2020, la cifra de denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas alcanzó las 7.450 en el primer semestre. Habría que añadir aquellos casos, como los de las entidades bancarias, que se han desentendido prácticamente de los inmuebles y no ha reclamado su recuperación. Aún así, este delito ha crecido en nuestro país en los últimos cinco años un 58 por ciento. Cataluña y Andalucía son las comunidades con más viviendas ocupadas, mientras Castilla-La Mancha se mueve entre el quinto y el sexto puesto.

Mientras los números avalan y ratifican que llevamos años enfrentándonos a un problema real y en aumento, las letras, a modo de leyes, no se encuentran, ni mucho menos, a la altura de las circunstancias. Una infracción, injusticia, abuso, invasión, un delito, insistimos, a todas luces, como es la ocupación de una vivienda ajena ha intentado colarse en el debate nacional con la aspiración, incluso, de justificar estas acciones con argumentos provenientes, sobre todo, de la izquierda radical que han proporcionado a los okupas un halo de héroes impartiendo justicia social ante la atenta mirada del actual Gobierno de España que sigue sumido en la bipolaridad de anunciar medidas para solucionar este problema pero, al mismo tiempo, rechazar cualquier iniciativa encaminada a tal fin.

Texto: AGA

Imagen: Vivienda ocupada en la actualidad en El Ballestar, urbanización de Barajas de Melo

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