No son habituales los comunicados que, procedentes de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, aludan a su falta de medios, humanos y materiales, en tono que podríamos calificar elevado. Prudentes, los magistrados pocas veces recurren a la nota pública en términos tajantes ya que, entendemos, agotarán todas las vías internas para hacer el menor ruido posible y que su trabajo siga su curso, que es, en definitiva, de lo que se trata.
Esta semana, el TSJCLM recogía su malestar, y la trasladaba al área correspondiente del Gobierno de España, por la eliminación de los refuerzos en siete juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha. Añadía la nota del órgano gubernativo del Alto Tribunal castellano manchego, su lamento de que la decisión del Ministerio de Justicia suponga el mayor recorte de medidas de refuerzo de los últimos 15 años en la historia del TSJCLM.
El origen de la no renovación de estos refuerzos, dada por Justicia, son motivos presupuestarios. Es decir, no hay dinero para este servicio esencial, pero esos mismos recursos públicos que salen del bolsillo de todos los españoles sí se pueden dedicar a mantener ministerios de toda clase y condición, asesores, coches y el famoso Falcon, que sigue surcando los cielos para que el presidente Sánchez luzca gafas de sol allá donde tenga que acudir, sin reparar en gastos ni en contaminación medioambiental.
La descripción de la situación por parte del TSJ continúa. Relatan que es el que cuenta con la peor ratio de jueces por habitante de toda España, con una pendencia y atraso endémicos por falta de medios y sobrecarga de trabajo, y con una alta tasa de interinidad de funcionarios de la Administración de Justicia. Las pésimas condiciones de trabajo de estos profesionales derivan en consecuencias también directas, lógicamente, para los ciudadanos, cuyas cuentas con la Justicia tardan más tiempo en saldarse. Y así, con esta nueva y nada esperanzadora perspectiva, otra contribución más a que este país y sus instituciones funcionen de una manera nada digna tanto para quienes trabajan en ellas como para los ciudadanos que necesitan de su uso.
Sin que sirva de precedente, cuatro son las provincias castellanomanchegas afectadas por el recorte, pero, sorprendentemente, no se encuentra la de Cuenca. Tras la primera euforia inicial ante esta circunstancia, cabe pensar si es que en tierras conquenses ya cada vez va quedando menos que llevarse porque el desmantelamiento, se mire por donde se mire, es ya generalizado.
Esperemos que la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, sí, la misma que ha pasado a la historia del couché por lucir hace dos años como presidenta del Senado un modelito en el funeral de Estado por las víctimas del Coronavirus más adecuado para la salida de un after que para un acto oficial, muestre, en este caso, algo de sensibilidad con la situación de los magistrados de Castilla-La Mancha. Desgraciadamente, parece que la cosa no pinta bien.
Texto: AGA
Imagen: Juzgados de Cuenca