Empieza a convertirse en costumbre, pero me citaré de nuevo: por título “Cuenca 20”, de fecha 5 de abril, con motivo de la entrada en vigor de las nuevas limitaciones de velocidad en tráfico urbano:

“Dicho de otra manera, carece de sentido que en una ciudad pequeña como Cuenca tengamos problemas de tráfico, que son de difícil solución en ciudades grandes, pero que no deberían serlo tanto en una como la nuestra. En el marco de la nueva regulación, Cuenca necesita, y se puede permitir, un ambicioso plan con medidas que, de verdad, recuperen la ciudad para las personas en detrimento de los vehículos.”

Pues ocurre que, según hemos conocido por la prensa, el gobierno tiene la intención de financiar las iniciativas que reduzcan el tráfico rodado. Un significativo presupuesto de 1.000 millones de euros nutrido por fondos europeos.

La ley del Cambio climático, de reciente aprobación, prevé la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Transporte colectivo, aparcamientos disuasorios, controles semafóricos, sensores y sistemas de reconocimiento de matrículas, vehículos de bajas emisiones, todo dirigido a calmar el tráfico.

No sé si mi anterior artículo interpeló a nuestras autoridades y representantes políticos, tampoco importa, porque lo importante es que ahora nos interpela el gobierno de la nación.

Los ayuntamientos adelantados en esta materia se van a encontrar con financiación para proyectos licitados después del 1 de febrero de 2020, para los rezagados, la repesca en 2022.

Sin ánimo de corregir a nuestros legisladores, bien están el fomento y los incentivos, pero me pregunto si no sería útil el correctivo en forma de sanción para aquellos municipios que, pudiendo, debiendo, teniendo el dinero, se nieguen a caminar en este sentido de calmar el tráfico, movilidad sostenible, ciudades más humanas o como queramos decir.

En todo caso, aterricemos donde hemos empezado, en Cuenca. Por tamaño, por su condición de ciudad patrimonial y ciudad paisaje, ya deberíamos estar obligados, pero no nos hemos sentido interpelados.

El gobierno de la nación ha marcado unas directrices con rango de ley, y es del mismo signo político que nuestro consistorio, no es condición necesaria, pero debería ser suficiente.

Me pregunto también qué parte de que los remontes al casco son movilidad sostenible no hemos entendido. De hecho, nuestro casco, patrimonio de todos, sería candidato natural a la creación de una zona de bajas emisiones.

Pero ya digo, si a pesar de que aun debiendo y pudiendo, no queriendo, habrá que pensar en que, si la zanahoria no sirve, también está el palo.