La Opinión de Cuenca

Magazine semanal de análisis y opinión

Ayuntamientos, facturas de la luz y un futuro azul oscuro


En muchas ocasiones la realidad se impone al análisis, de ahí que sea preferible abrir el telón y dejar al desnudo los datos en vez de pergeñar una extensa perorata sobre el incremento de las facturas de la luz en los ayuntamientos conquenses:

1. El coste de extracción de agua de un ayuntamiento de menos de 200 habitantes ha pasado de 1.200 a 3.079 euros en el mismo mes de agosto de este año respecto al pasado.

2. La extracción de agua de un ayuntamiento de más de 1.000 habitantes ha pasado de 7.252,91 euros a 21.889,09 euros en el mes de julio respecto al año pasado.

3. La factura de electricidad de un edificio municipal veraniego en un municipio de menos de 300 habitantes ha pasado de 959,47 euros en julio de 2021 a 2.326,49 euros en el mismo periodo del año actual.

4. El alumbrado público de un ayuntamiento de más de 2.000 habitantes ha pasado de 5.219,00 euros en julio de 2021 a 13.224,65 euros en julio de 2022.

5. El consumo de luz de un repetidor de televisión sufragado por un ayuntamiento de menos de 200 habitantes ha pasado de 288,30 euros en agosto de 2021 a 815,61 euros en agosto de 2022.

Simplificando al máximo, se podría aproximar que el coste de la suma de los suministros eléctricos en cada ayuntamiento este año 2022 será más del doble que en el año 2021, nada más y nada menos. Habrá que ver cuántos consistorios fueron previsores en la elaboración de tan disparatadas partidas presupuestarias y cuántos son capaces de digerir la sangría a nivel de tesorería. Sería interesante conocer también la deuda acumulada con las empresas suministradoras de energía eléctrica y cuántos meses llevan algunos ayuntamientos sin hacer frente a sus obligaciones de pago.

La desorbitada inflación afecta a cualquier producto y suministro, pero tiene en la factura eléctrica su mejor exponente a nivel municipal. Esta circunstancia provoca dos consecuencias nítidas a nivel de gestión. Por un lado, mutila los presupuestos y secuestra la capacidad de las entidades locales de sacar adelante inversiones propias o, incluso, de cubrir la prestación de los servicios básicos encomendados. Por otro lado, desdibuja la realidad por confusión con el valor del dinero, lo que provocará desequilibrios contables: ¿cómo me voy a preocupar de pequeños gastos superfluos si luego van a llegar facturas de la luz de seis mil euros? Si estos factores se combinan con la proximidad de las elecciones municipales y la ausencia de reglas fiscales de contención de gasto, entonces cada ayuntamiento se convierte de forma inevitable en una bomba de relojería.

 Al ciudadano de a pie, como es lógico, no le preocupa en exceso esta problemática, bastante tiene cada uno con sus propias facturas y preocupaciones. Sin embargo, a los equipos de gobierno municipales no les quedará más remedio que, en una gestión responsable, subir tasas e impuestos para conseguir equilibrar las cuentas. Algo así como subirse a la ola de la inflación: si los precios han subido un 12%, entonces subimos el IBI un 12%. Y ahí es cuando el vecino lo sentirá en su bolsillo.

Para evitar recurrir a esa solución gravosa para los ciudadanos, los ayuntamientos están obligados a buscar colaboración en administraciones de mayor capacidad. Sin ir más lejos, la FEMP aprobó el pasado martes pedir ayuda al Ministerio de Hacienda para buscar soluciones al impacto de la inflación en las arcas municipales mediante propuestas como, entre otras, un fondo extraordinario, un aumento de las entregas a cuenta y un aumento de plazo en el mecanismo de pago a proveedores.

A menor escala, algunas diputaciones como la de Ciudad Real y la de Toledo han aprobado planes de apoyo, de 5 y 12 millones de euros respectivamente, para mitigar las consecuencias del incremento de precios. Al fin y al cabo, las diputaciones tienen la competencia de asistencia y cooperación económica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad.

Excepto, parece ser, la Diputación de Cuenca, que debe haber asumido la competencia desconocida de abandonar a los municipios en sus dificultades económicas y esquilmar las arcas locales en beneficio propio. Por un lado, Chana y su banda rechazan instaurar un plan urgente de apoyo de 4 millones de euros para que los ayuntamientos puedan afrontar el incremento del coste de sus gastos corrientes y, por otro, triplican el coste de gestión de los puntos limpios que recaudan ellos mismos. Todo ello enmarcado en el mayor presupuesto de la historia de la Diputación Provincial, con una herencia de decenas de millones en la hucha y la célebre ausencia de reglas fiscales.

Y a pesar de esta omisión de competencias en materia fiscal, Chana seguirá paseándose por nuestros pueblos en su flamante BMW público de 75.000 euros y yendo a Costa Rica en viaje estival pagado por la propia Diputación. Cuestión de prioridades. Mientras tanto, seguiremos insistiendo y defendiendo a todos los ayuntamientos de la provincia.


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