La publicación el pasado abril de la versión inicial del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (7PGRR) ha avivado en fechas recientes las brasas del debate acerca de la instalación del célebre Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.
A modo de jornadas informativas, en Villar de Cañas se celebró el 24 de mayo una mesa redonda para defender esta infraestructura, mientras el pasado 8 de junio se convocó en el vecino Alconchel de la Estrella una charla en sentido contrario. Asistí, con interés, a ambas antagónicas jornadas.
A estas alturas de la controversia, y tras amazónicos ríos de tinta, poco podremos añadir acerca de las características de la instalación y su modo operativo; de hecho, se encuentra publicado incluso el itinerario que recorrería cada contenedor de combustible gastado en su expedición desde cada central nuclear hasta el almacén temporal.
Este 7PGRR se abre, como novedad, a valorar dos opciones diferentes para el almacenamiento de los residuos de alta radiactividad hasta su enterramiento definitivo en un Almacén Geológico Profundo (AGP) allá por 2073: o bien poner en marcha un ATC antes de 2030 o bien construir un Almacén Temporal Descentralizado (ATD) en cada una de las siete centrales nucleares antes de su propio desmantelamiento. La segunda opción tiene un coste más elevado -alrededor de 2.124 millones de euros más- y presenta mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad porque conlleva mantener y proteger siete despensas de residuos. El ATD presenta la ventaja de evitar el transporte de los residuos en carretera hacia un único almacén (unos 40 transportes al año durante 15 años) y, sobre todo, de apoyo social puesto que las comarcas donde se ubican las centrales nucleares no presentan oposición a este tipo de infraestructuras.
Resulta paradójico que se introduzca en el 7PGRR el concepto ATD cuando ya existía nomenclatura específica para ese tipo de instalación: Almacén Temporal Individualizado (ATI). Sospecho que se trata de una argucia lingüística para evitar hablar de “siete ATIs o un ATC” y por la simetría conceptual que presentan los acrónimos ATC y ATD: centralizado versus descentralizado.
¿Qué es mejor? Catedráticos especializados en física nuclear y la mayoría de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) defienden el ATC por la garantía de seguridad en una única instalación nacional con muros de hormigón de más de un metro de espesor y a prueba de terremotos e impactos de aviones. Ecologistas en Acción admite que “hoy en día no hay una solución ideal para el almacenamiento del combustible gastado” y propone que se anticipe la construcción del AGP para evitar necesitar un ATC. Con el objetivo de demostrar que la opción del ATC es más costosa, hacen los cálculos con una vida útil de solo 25 años y así descartan su idoneidad económica. Malabarismo ante la compleja encrucijada.
Y mientras unos y otros defienden soluciones diferentes con total legitimidad y argumentos fundados, el socialismo manchego se tira al monte y vende un triunfalismo hueco que demuestra que ni siquiera han leído el capítulo introductorio del plan de residuos. El 11 de abril, José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, declaró que “queda clarísimo que ni Villar de Cañas, ni Castilla-La Mancha, van a albergar el ATC de residuos radiactivos, que no reunía ni siquiera los condicionamientos técnicos para acoger esta infraestructura”. El mismo día, Chana replicó el argumentario del psoe y publicó en redes sociales que “el 7PGRR deja claro que la localidad conquense de Villar de Cañas no albergará el ATC; nuevamente se demuestra que jamás reunió las condiciones técnicas necesarias”.
En esas fechas, los representantes de Ecologistas en Acción y de la Plataforma contra el ATC salieron a apagar el fuego: el nuevo plan de residuos no descarta el ATC. En sus propias palabras “el ATC aparece como la opción preferente por su menor coste según las tablas informativas publicadas” y “a estas alturas, parece casi imposible que se proponga otra ubicación para el ATC que no sea Villar de Cañas; de hecho, si se quisiese seguir hacia delante, en dos semanas podrían tener la autorización para su construcción”. De forma explícita, en el plan se especifica que en 2015 el CSN emitió informe favorable a la solicitud de autorización y que se ha suspendido -que no anulado- la emisión de los dos informes clave: el de autorización de la construcción y el de evaluación ambiental.
¿Por qué difunden Page, Escudero y Chana un bulo tan fácilmente desmontable? ¿Qué intenciones persiguen? ¿Por qué vende Escudero que CLM no albergará el almacén de residuos cuando la realidad es que, incluso en la opción ATD, se construirían sendos almacenes en Guadalajara para las centrales de Trillo y Zorita? Flaco favor hacen, desde luego, estos gobernantes socialistas tanto a la verdad como a su supuesto interés político. Quizá, al estilo de Pedro Sánchez, el “pastor de los monaguillos” como Page lo ha definido esta semana, han alcanzado esa fase de desprecio a la ciudadanía que consiste en usar la mentira como herramienta política.
Si en un asunto de Estado como es la gestión de residuos radiactivos nos andamos con esta tergiversación de la realidad, no me quiero imaginar con los asuntos de andar por casa. Por cierto, este próximo 16 de junio finaliza el plazo de alegaciones al 7PGRR, ¿presentará alegaciones el Gobierno regional o, como han difundido y presumido, lo aprueban a pies juntillas?