Han sido tantas las ocasiones en las que hemos denunciado públicamente las prácticas negligentes del macrovertedero de Almonacid del Marquesado por la nula tasa de reciclaje de los residuos que recibe que ya algunos sospechaban que se trataba de inquina personal contra Martínez Chana. Nada más lejos de la realidad: él siempre se ha colocado -sin justificación- como parapeto de la empresa.
Que ahora una operación de la Guardia Civil haya detenido a varios trabajadores de la planta por contrabando de tabaco decomisado no puede resultar coincidencia en una instalación de prácticas tan opacas. Evitar la delincuencia en ese contexto sería tan chirriante como prohibir beber alcohol en una discoteca.
Sin embargo, este artículo no se va a centrar en este macrovertedero, rotulado sin rubor a su entrada como complejo medioambiental, sino en la relación del citado Chana con otros complejos de gestión de residuos: los puntos limpios.
Los puntos limpios surgieron hace alrededor de quince años como propuesta de la Diputación de Cuenca, con el socialista Juan Ávila como presidente, para la clasificación de residuos en la mayoría de los municipios de la provincia. Supongo que entonces no se baremó la dificultad de su gestión en pueblos de escasos recursos y tampoco se adivinó -lógico- que poco después se clausurarían todos los vertederos municipales que permitían la descarga de basura a granel.
Hoy en día hay muchos puntos limpios en la provincia que se han convertido, precisamente, en vertederos “de facto”. Alejados de los núcleos urbanos y abandonados por los ayuntamientos ante la imposibilidad de una gestión responsable, muchos de ellos acumulan residuos de todo tipo sin orden ni concierto. El Seprona supervisa que eso no ocurra y, en ocasiones, sanciona a los ayuntamientos, pero no por ello el problema desaparece.
La obligación de los ayuntamientos consiste en ir clasificando los residuos en contenedores diferenciados y, cuando uno se llena, avisar a la Diputación para que el servicio de recogida vacíe el correspondiente, siempre comprobando de manera escrupulosa que el contenido esté bien clasificado y separado. Este servicio tenía un coste de poco más de seis euros por metro cúbico de residuos, sin embargo, a Chana y su banda les pareció buena idea triplicar su coste hasta los casi veinte euros por metro cúbico. Casi nada.
Ahora que han llegado las liquidaciones de la recogida de contenedores a los ayuntamientos correspondientes a la anualidad 2021 se comprueba que muchos consistorios tienen que hacer frente a pagos elevados, más del triple que en años anteriores. Y lo más curioso es que, claro, cuanto más responsable es la gestión del punto limpio y más se recicla, más servicio de recogida se requiere y, en consecuencia, más se paga.
En esta tesitura surgen dos alternativas para su gestión. Una, ser responsable, dedicar tiempo del alguacil o personal específico, clasificar los residuos, mantener el punto limpio en orden y pagar altas facturas a la Diputación por la recogida de contenedores. En resumen, el cumplimiento del deber tiene un alto coste para el ayuntamiento.
La otra alternativa, la que elige Chana para su pueblo, Almonacid del Marquesado, consiste en convertir el punto limpio en un vertedero de residuos sin clasificar (en esta foto se puede ver el estado de dicha instalación esta misma semana). Llegado a ese punto de acumulación de residuos variados, no cabe posibilidad de clasificación, sino tan solo de recurrir a una empresa autorizada para la retirada indiscriminada de toda la basura. En ese caso el ayuntamiento de turno se desvincula de su deber de clasificar los residuos para su retirada controlada a través del servicio de Diputación y mira para otro lado mientras la empresa limpia su, valga la redundancia, punto limpio.
En este punto del proceso se recuerda que existe un macrovertedero en Almonacid del Marquesado en el que se vierten 250 mil toneladas de residuos al año con ínfima tasa de valorización de residuos. Ojalá pudiese saberse cuántos residuos sin clasificar de los puntos limpios de la provincia recalan en dicha infraestructura. Pero me temo que será tan difícil conocer esa información como tener acceso al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado y la empresa gestora del vertedero.
Esta descripción de alternativas conduce a varias hipótesis y, entre ellas, cabe preguntarse: ¿le interesaba por algún motivo particular a Martínez Chana triplicar la tasa de recogida de puntos limpios que cobra la Diputación de Cuenca de la que es actual presidente? Habría sido mucho más sensato, sin duda, no incrementar la tasa para favorecer una gestión responsable de los puntos limpios y no esquilmar económicamente a los consistorios en estos tiempos difíciles.
Por último, un apunte adicional. Hay muchos ayuntamientos que recurren a la opción de empresas privadas para la limpieza de los puntos limpios de forma esporádica puesto que no resulta fácil mantenerlos en buenas condiciones, como ya se ha señalado. Sin embargo, mientras algunos hacen esfuerzos económicos para pagar dichas limpiezas con fondos propios e incluso instalar cámaras de videovigilancia, la Diputación de Cuenca concedió 60.000 euros en subvenciones nominativas (a dedo) en 2021 para que algunos ayuntamientos limpiasen sus puntos limpios. Será por casualidad que los 17 consistorios beneficiarios están gobernados por el Psoe, a razón de una media de casi cuatro mil euros por pueblo. Para más inri, entre los beneficiarios figuraban Almonacid del Marquesado y Palomera, municipio del diputado del servicio de medio ambiente.
Como conclusión, en el último pleno de la institución provincial, Chana se autoproclamó “experto en residuos”. No procede, querido lector, rebatir su autodefinición, pero sería preferible que ese vasto conocimiento se tradujese en algo más que en defender las prácticas negligentes del macrovertedero de su pueblo y desentenderse de la gestión responsable de su punto limpio.