La Opinión de Cuenca

Magazine semanal de análisis y opinión

Ruido y desasosiego antes de Navidad


Le pido disculpas de antemano, querido lector, por distraerlo durante unos minutos de sus comilonas navideñas en estos días festivos de regalos, lotería y doce uvas, y atreverme a lanzar en este ocaso del año una serie de hipótesis e incógnitas reflexivas al respecto de una actualidad política en ebullición. Las disculpas, por cierto, derivan del desasosiego de las respuestas.

Si García-Page hiperventila por las nuevas ocurrencias legislativas de Pedro Sánchez, ¿no debería ordenar a sus diputados votar en contra en el Congreso de los diputados? Estuvo en contra de los indultos, de la sedición, de la malversación y, ahora, ya anticipa que se opondrá a un hipotético referéndum, ¿y no es capaz de utilizar ni siquiera la única herramienta que tiene a su alcance?

Si dos diputados socialistas conquenses, Luis Sahuquillo y Gracia Canales, votan en el Congreso a favor de reducir el delito de malversación en contra de la postura (verbal) de Page, ¿no significa eso que ambos son partidarios de crear leyes a la carta para Junqueras y compañía? ¿Que son cómplices del abaratamiento de la corrupción política porque han levantado la mano a reducir la malversación? ¿Cuándo convocan ambos una rueda de prensa para defender su votación? ¿Han defendido, al menos, a Sánchez en sus redes sociales?

Y si se aprueba el derecho de autodeterminación y se llega a convocar un referéndum en Cataluña, ¿qué mayoría será necesaria para acceder a la independencia, la que pide ERC del 27,5% de los catalanes o al menos la mitad más uno del censo electoral? Y si se considera que España es divisible, y entonces debe entenderse que Cataluña también, ¿la independencia se aprobará por provincias de modo que, por ejemplo, Tarragona y Barcelona podrían seguir siendo españolas, o por comarcas de modo que, por ejemplo, el Valle de Arán podrá defender su "independencia de la independencia"?

Si Pedro Sánchez aspira a introducir la modificación de leyes orgánicas como enmiendas camufladas sin informes ni procedimientos válidos, ¿no tiene la oposición el derecho, y el deber, de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que, sencillamente, dirima si lo que Sánchez pretende hacer es legal? Y si Sánchez quiere jibarizar la elección de jueces, ¿por qué no lo hace mediante los procedimientos establecidos y sin carácter de urgencia?

Y si los jueces elegidos por Sánchez para el Tribunal Constitucional son un exministro socialista y un alto cargo del ministerio de Presidencia, ¿significa que Pedro Sánchez no cree en la independencia judicial? ¿no prometió defender la separación de poderes? Y si sus diputados acusan a los jueces de ser “fachas con toga”, ¿dónde queda dicho respeto? ¿es legal la calumnia gratuita desde la tribuna del Congreso? ¿se disuelve la ignominia entre acusaciones de crispación?

Yendo un paso más allá, si Sánchez vende que el régimen del 78 está pocho, ¿es oportuno modificar la Constitución? ¿Quiénes podrían sentarse, en el ambiente hostil actual, en una mesa de diálogo para consensuar dicha actualización? ¿No sería inviable el acuerdo en medio de los chantajes y enroques que protagonizan la política actual? Si no han sido capaces de pactar la renovación del CGPJ o de lavarse las manos, ¿serían capaces de sentarse a plantear reformas de mayor calado? ¿se atrevería Sánchez, también, a abordar dicha modificación constitucional de forma autoritaria cambiando las mayorías legales?

En otro plano, si la interpretación de la ley del “solo sí es sí” por parte de los jueces se aleja del espíritu de esta que defiende su redactora Irene Montero, y en consecuencia se reducen las condenas de decenas de condenados por violación y abusos sexuales, ¿no resulta evidente que existe un error de redacción y no de interpretación? ¿nadie debe asumir responsabilidades más allá de tildar de “machistas” a los jueces? ¿no es preferible corregir la inesperada vía de escape que martirizarse? ¿en qué periódico se habría publicado el perfil de cada una de las víctimas a cuyo agresor le han rebajado la condena si el Gobierno tuviese otro signo político?

Si los datos de ocupación laboral de estos últimos meses son tan positivos sobre el papel, ¿por qué España sigue siendo el único país que no ha recuperado su PIB respecto a la situación antes del coronavirus? Si el porcentaje de jóvenes que cobran menos de mil euros ha subido del 30% en 2019 al 45% en la actualidad, ¿significa que para otras franjas de edad está pasando algo similar? Y si los sueldos empeoran y la inflación no para de subir, ¿cuánto disminuye el poder adquisitivo de la clase trabajadora? ¿en qué pozo terminó?

Y aquí quedan todos estos interrogantes para discernimiento de una realidad cada vez más polarizada y premeditadamente confusa. Lo lamentable es que, en el ruido, siempre triunfa el ruidoso. Y se asoman meses vertiginosos de ruido y furia.

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