El pasado jueves 23 de febrero, alrededor de las tres de la tarde, Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, subió a la tribuna de las Cortes de Castilla-La Mancha a defender la gestión del Gobierno regional ante la pandemia de viruela ovino-caprina sufrida en ganaderías de la provincia de Cuenca.
Compareció al debate a propuesta de la oposición, quizá él no consideraba relevante el hecho de rendir cuentas, que entra en su labor política, y quiso evitar la confrontación justificando que “era un asunto técnico” y que “están con los ganaderos”, así, en genérico, como estar con la lluvia y la vida. Pero llegaba cinco meses tarde: fue el 27 de septiembre de 2022 el día que se declararon los resultados positivos en las explotaciones de Villaescusa de Haro.
A nivel local, las consecuencias son bien conocidas: alrededor de 27.000 animales sacrificados entre ovejas y corderos, dos familias gestoras de las ganaderías en la cuerda floja, instalaciones ganaderas cerradas, empresas ahorcadas, trabajadores despedidos o en ERTE, paralización del desarrollo económico de un pueblo, alteración del mercado comarcal de leche para queserías, emigración de familias y pérdida de población municipal. Una desgracia inesperada en el peor momento y que posteriormente se propagó a otras ganaderías de La Alberca de Záncara y Tébar.
El consejero restó importancia al asunto indicando que “solo ha afectado al 0,2 % de la cabaña ganadera de Castilla-La Mancha”. Hay que tener pocos escrúpulos para presumir con una sonrisa de ese dato. Como si Aznar, tras el 11-M, hubiese dicho que “solo se ha perdido el 0,005 % de la población madrileña”.
Insistió también en que “lo importante es hablar en positivo de las cosas” sin pensar en el drama que sufren las ganaderías afectadas tras décadas de criba de raza y de sacrificio diario. Que vaya a los ganaderos a contarles que “hay que hablar en positivo”, que no estén tristes, que es un tropiezo sin relevancia. Y seguía sonriendo, porque no le dolía.
El consejero también presumió de que “la leche ha alcanzado un precio récord, a 2,2 euros el litro, lo cual está beneficiando a nuestros ganaderos”. Por un lado, no es mérito suyo. Y, por otro, que se sensibilice con el lucro cesante de estas ganaderías que podrían estar aprovechando el elevado precio de la leche en vez de ver sus vacías instalaciones blanqueadas. El imperio de la ley de la oferta y la demanda se aprovecha, de hecho, del drama de las ganaderías conquenses afectadas por la VOC.
Los más inocentes pensamos que Martínez Arroyo aprovecharía el debate para anunciar un incremento de las indemnizaciones a los afectados, porque no parece ético presumir de “estar con los ganaderos” mientras se ofrece una indemnización de 110 euros por oveja cuando su valor de mercado ronda los 300-400 euros. Pero no, en vez de asumir un compromiso intentó justificar la indemnización, que aboca a los ganaderos a plantearse su viabilidad futura, y pasó la patata caliente al Gobierno central para que refuerce las indemnizaciones de reposición.
Resultó esclarecedor que el consejero insistió en que “se había hecho todo perfecto” y la diputada socialista repitió que “no se puede criticar la actuación de este gobierno”. Raro concepto de perfección que cuatro meses después de los primeros casos se anunciaron nuevos contagios y sacrificios. Estamos ya todos cansados del habitual triunfalismo socialista. Sobre todo porque, en este caso, la sonrisa del consejero le sale muy cara a la provincia de Cuenca, empezando por las ganaderías y siguiendo por las queserías.