La Opinión de Cuenca

Magazine semanal de análisis y opinión

De zona medioambientalmente protegida a zona totalmente desprotegida


Corría el año 2004 cuando una zona importante del centro de Cuenca se declaraba, por parte del Ayuntamiento, que en aquel momento estaba regido por José Manuel Martínez Cenzano, como “zona medioambientalmente protegida de ruidos”. Se iniciaba así un periodo de esperanza para los habitantes de esa parte de la ciudad, que veían como los problemas generados por la abundancia de pubs y de bares de copas, negocios que por su propias características les hacían imposible un adecuado descanso nocturno los fines de semana, podría llegar a su fin. Se iniciaba, también, una importante polémica, en los medios de comunicación y en el conjunto de la sociedad, entre los defensores del cierre definitivo de esa zona de marcha, y los que defendían sus propios derechos a montar ese tipo de negocio para garantizar su medio de vida. Y en medio de esa polémica, los propios medios de comunicación publicaban las declaraciones del propio alcalde de la ciudad, en el sentido siguiente: “El ruido que provoca ha pasado a ser también un elemento  que los tribunales contemplan como una agresión al medio ambiente y a los derechos de las personas, por lo que llega a constituir un delito, lo que nos obliga a nosotros a protegernos. Porque hay ya sentencias de algún Tribunal Superior de Justicia, en las que al Ayuntamiento les castigan, junto a algún empresario.”

En los días siguientes, la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca presentaba las alegaciones oportunas para evitar la modificación del artículo 359 de la Ordenanza Municipal de Medioambiente, que pretendía con tal motivo el propio Ayuntamiento, por el que se prohibiría la transmisión de titularidad de licencias en vigor, referente a todos aquellos establecimientos correspondientes a las actividades propias del ámbito de la zona que había sido declarada como ambientalmente protegida, así como al otorgamiento de nuevas licencias de instalación y apertura de nuevos establecimientos que pudieran atentar contra esta normativa. Y paralelamente a ello, por parte de los propios vecinos se repartían por toda la ciudad octavillas en las que podía leerse el mensaje siguiente: “Si no te dejan dormir…¡¡NO TE CALLES!! Llama al 092, exige la presencia policial y pon denuncia en el cuartel de la Policía Municipal, en la calle Duque de Ahumada, junto a la Hípica. TENEMOS DERECHO AL DESCANSO.” Y entre una parte y otra, y como aparecía publicado en el periódico “El Día de Cuenca”, en su edición correspondiente al 3 de diciembre de ese mismo año 2004, tanto en su portada como en las páginas interiores, el Ayuntamiento amenazaba, incluso, con el cierre total de aquellos locales que no cumplieran la nueva normativa.

Aquel fue, probablemente, el momento en el que los vecinos de la zona del Parque del Huécar, y de las calles cercanas a esa zona de marcha, estuvieron más cerca de conseguir el reconocimiento de todos sus derechos, incluido el derecho al descanso, que son reconocidos en todo el ordenamiento jurídico de cualquier país desarrollado; y sobre todo, de poder convivir con la existencia de esos bares de copas que, todavía, impiden ese derecho. Y es que desde entonces, ninguna otra legislatura ha hecho nada para evitar que esa parte de la ciudad se haya convertido en lo que es ahora: una zona degenerada. Había sido necesaria de actuación de la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, que había incitado al propio Ayuntamiento a tomar medidas en este sentido. Sin embargo, la nula actuación del propio Ayuntamiento, más allá de las declaraciones rimbombantes del alcalde, que en realidad no habían tenido efecto alguno para dar un giro adecuado a la situación que vivían los vecinos, obligaba, poco más de dos años más tarde, en el mes de febrero del año 2007, a que fuera otra vez la propia Defensora del Pueblo, Henar Merino, quien declarara a éste como “institución hostil y entorpecedora”. Y ni siquiera la creación de una nueva zona de marcha, alejada ya de las zonas residenciales, en la que en un principio no se molestaba a nadie, logró alejar del centro de la ciudad a este tipo de establecimientos, obligando finalmente a cerrarse, por culpa principalmente de los dueños de los establecimientos del centro, que habían presionado para ello; también, por culpa del propio Ayuntamiento, que no tomó nunca medidas importantes para hacer agradable esa zona nueva para los jóvenes y los posibles clientes, evitando de esta forma el creciente deterioro del centro de la ciudad. 

Sin embargo, las denuncias contra los bares de copas seguían acumulándose en las instalaciones de la Policía Municipal, sin que nadie llegara nunca a poner en funcionamiento, con todas sus consecuencias, aquella rimbombante declaración del centro de Cuenca como zona protegida de ruidos. Paralelamente a ello, en octubre de 2005 se había anunciado lo siguiente: “El pleno del Ayuntamiento de Cuenca aprobó ayer por unanimidad la constitución de una comisión, con representación de todos los grupos políticos, para la elaboración de una ordenanza que regule el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. La intención de los responsables municipales es dar cabida a todos los sectores de la población implicados en este asunto: asociaciones de vecinos, Consejo Escolar Municipal, Consejo del Área de Salud de Cuenca, Consejo Local de la Juventud, y representantes de los empresarios del sector de la hostelería, entre otros colectivos. Para la elaboración de la normativa se tomará, como base, el borrador, ya confeccionado por los equipos técnicos del Ayuntamiento, del Plan Municipal de Drogas.” Se quería abordar, así, ese otro problema, o esa otra parte del problema, que afectaba a todos los vecinos del centro de la ciudad.

Desde entonces, han pasado ya casi veinte años, y el problema, lejos de solucionarse, ha venido agravándose. En efecto, desde entonces hasta ahora, han pasado por la institución diferentes equipos de gobierno, de un partido y de otro, y en realidad, ningún gobernante ha querido hacer frente a una situación de la que los vecinos ya están muy cansados de soportar esta situación. Al menos, en aquel momento el Ayuntamiento era consciente de que debía tomar medidas en el asunto, si quería evitar que las denuncias pudieran recaer también en la institución. El derecho al descanso está recogido desde todas las instancias, y en concreto, la Directiva Europea 2002/49/CE sobre ruido ambiental así lo indica. También, la Ley 37/2003, que definía la contaminación acústica como “la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que lo origine, que impliquen molestias, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades, o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando el defecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.” También esta ley, como otras normativas, así el Real Decreto 7 del año 2015, regulan cuales son las medidas a tomar cuando, por culpa de esos ruidos, se impide el descanso de las personas, instando a los propios Ayuntamientos a tomar las medidas adecuadas para ello, llegando incluso a ser considerados, cuando no lo hacen, como responsables civiles subsidiarios del delito cometido. 

Y es que la propia Constitución, en su artículo 47,  regula que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias, y establecerán las normativas pertinentes para hacer efectivo este derecho.” Y el artículo 329 del actual Código Penal dictamina lo siguiente: “1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses. 2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.”

Está claro que el Ayuntamiento de Cuenca, ni ahora ni desde hace ya demasiado tiempo, está haciendo todo lo necesario para facilitar ese derecho al descanso que tienen los vecinos de la zona centro de la ciudad, una zona que, como decimos, sigue estando declarada como “zona medioambientalmente protegida”. No lo hace porque, aunque existe normativa suficiente que lo regula, esa normativa no se cumple. No lo hace porque, al contrario de lo que se había prometido hace ya dieciocho años, en todo este tiempo se han seguido concediendo licencias de apertura a nuevos establecimientos. No lo hace porque esas licencias concedidas, lo han sido para abrir otro tipo de negocios, que no son los puramente de bares de copas o bares musicales (bares normales, tabernas, cervecerías, …), negocios que, según estipula la propia normativa municipal, deberían cumplir horarios de cierre diferentes, más restrictivos que los propios de esos otros negocios. No lo hace porque tampoco exige que se cumplan las condiciones que, por ley, deben cumplir siempre ese tipo de locales, algunas de ellas tan simples como la obligada insonorización de estos o la existencia de salidas de emergencia. Y no lo hace, en fin, porque incluso evita la tramitación de las numerosas denuncias que los vecinos han presentado en la comisaría de la Policía Municipal, haciendo de esta forma ineficaz el trabajo de su propia policía.

Pero el problema de las ruidos, con ser importante, no es el único al que tienen que hacer frente los vecinos de la zona centro de la ciudad. También son importantes los problemas de suciedad y de falta de seguridad. En cuanto al primero, la suciedad que se acumula todos los fines de semana, también el resto de los días, es un ejemplo claro la situación en la que se encuentra el propio Parque del Huécar, un parque completamente abandonado: abundancia de plásticos y de cristales rotos, bancos a los que les faltan respaldos enteros, incluso asientos, sin que nadie se moleste nunca en sustituirlos por otros nuevos, abundancia en el suelo de papelinas de droga, abandonadas allí después de un viaje a ninguna parte de los usuarios,… La existencia de contenedores no rebaja el problema, sino que lo agrava, tanto por el mal uso de esos contenedores por parte de los propietarios de los bares, que no dudan en arrojar los diferentes desperdicios de forma conjunta, sin tener en cuenta la conveniente y necesaria separación que debe hacerse entre unos y otros, como por los usuarios de los bares, que habitualmente miccionan entre los propios contenedores, o en las paredes de las viviendas cercanas. Y también, por el retraso en la recogida municipal de esos contenedores, excesivamente llenos en muchas ocasiones, sobre todo los fines de semana, imposibilitando muchas veces su uso adecuado para los vecinos de la zona.

Y por lo que respecta al tercer problema, el de la falta de seguridad, éste ni siquiera necesita comentario alguno. El habitual consumo de drogas, junto al abusivo de alcohol, genera habitualmente peleas en la zona, en algunas ocasiones incluso con armas blancas. En todo caso más allá de esas peleas, que en alguna ocasión ha llegado a tener un resultado mortal, y de las que se hablan poco en los medios de comunicación, no es de recibo la incomodidad que el ambiente provoca en los propios vecinos, cuando estos se ven obligados a acudir a sus casas a ciertas horas de la madrugada.
¿Será durante esta legislatura cuando los vecinos puedan, por fin, ver solucionados todos los problemas de habitabilidad que esta situación les viene provocando desde hace ya muchos años? La perspectiva a la que se enfrentan es, cuando menos, poco halagüeña, porque los problemas, lejos se solucionarse, se vienen agravando en los últimos años, y nada parece indicar que vaya a cambiar en un futuro próximo. Sin embargo, ellos sí son conscientes de que la legislación les ampara en sus derechos, tal y como han admitido diferentes tribunales de justicia. 

 

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