Quienes hayan leído alguno de mis artículos sabrán de mi costumbre de citarme, en un aparente bucle autoreferencial que, lejos de buscar notoriedad, solo pretende reforzar líneas argumentales.

Pues ocurre que tengo otra costumbre, más inveterada incluso que la anterior: ir contracorriente; y queda con ello explicada la audacia del título y tema que traigo a esta ventana de opinión.

Coloquialmente, cuando hablamos de funcionarios estamos pensando en los de oficina, los de la burocracia y papeleos. Son servidores públicos como el resto, pero resulta más sencillo asignar tal condición a médicos, policías, bomberos…

No es difícil entender la función esencial de un bombero, cuesta un poco más entender que también es esencial el trabajo de quienes garantizan que cobremos nuestra pensión, que médicos y policías cobren su nómina, los que garantizan que cobramos la prestación que corresponde en situación de desempleo. También los que han estado de actualidad con motivo de la tramitación de ERTE,s o IMV.

Y lo más importante llegados a este punto, que tales prestaciones y tramitaciones se hacen conforme a la legalidad, esa que proclama y ampara los derechos de los ciudadanos.

Cuesta entender, porque no se ve ni se toca ni nos afecta directamente, el carácter esencial de la enorme maquinaria burocrática que sostiene a un país y que no es otra que su administración pública.

Un estado sin una administración pública mínimamente profesional y eficiente es un estado fallido, pero insisto, la maquinaria burocrática solo es perceptible cuando funciona mal, no cuando la hace bien y por tanto es silenciosa. Tampoco se entiende fácilmente la cualificación necesaria para mantener su funcionamiento.

En una democracia avanzada es necesario el equilibrio entre la representación política con origen en la soberanía popular, la administración pública sometida a la dirección de la anterior, pero con la profesionalidad e independencia que la eficacia en los resultados requiere y, finalmente la libertad de mercado en que los operadores económicos generan la parte esencial de la riqueza de un país.

A los primeros corresponde articular la voluntad popular y defender el interés general. A los segundos cumplir y hacer cumplir la ley. A los terceros generar riqueza a través de la mejora continua de innovaciones y procedimientos en un mercado de libre competencia.

En mi opinión, en nuestro país se ha descompensado el peso de la representación política en detrimento de la eficacia y profesionalidad de la administración. La politización de la administración pública es un mal que aumenta de gravedad según descendemos en la escala territorial, va de menos a más desde la administración del estado hasta la local, pasando por la autonómica.

Y aquí viene la paradoja, siendo que, como digo, en España la decisión política, de los políticos, invade muchos espacios que deberían ser de decisión legal y técnica, con independencia de partidos e ideologías, cuando las cosas funcionan mal, la culpa no es de los políticos, es de los “funcionarios”.

Y como he dicho, cada uno en su sitio, y la representación política no exige cualificación especial alguna (tampoco la excluye evidentemente), y sin embargo nos parece tan normal que, especialmente en las administraciones locales y autonómicas, no se tome decisión por menor que sea, sin la supervisión de la confianza política.

¿Por qué nos parece tan normal que todos los cargos funcionariales sean de confianza política, y cuando las cosas funcionan mal, los políticos culpen a los funcionarios que son dirigidos por ellos y por los que son de su confianza y adscripción partidista?

La administración es la única “empresa” en la que, cuando las cosas no funcionan eficazmente la culpa o responsabilidad no es de sus directivos, es de sus trabajadores.

Es cierto que el régimen funcionarial tiene una serie de derechos que protegen la independencia de los funcionarios, pero digamos aquí que con ese mismo régimen hay países que funcionan, su administración, mejor que otros. Nueva Zelanda estaría en este ámbito en el top 10 y no es casual por tanto su eficaz gestión de la pandemia.

Con ese mismo, digamos corsé de limitaciones legales en bien del control de los procedimientos administrativos y de la imparcialidad de los funcionarios, unas ciudades progresan y otras se estancan.

Y ya hemos llegado a donde queríamos llegar. Culpar a los funcionarios de nuestro ayuntamiento del declive, parálisis y falta de futuro de Cuenca es tan absurdo como injusto.

Otra cosa es afirmar que no contamos en Cuenca con una burocracia municipal moderna y eficaz, pero ¿es eso culpa de los funcionarios que se limitan a cumplir órdenes? Porque no debemos olvidar que el principio de jerarquía es incluso más fuerte en la administración que en la empresa privada.

Por otra parte, no contamos en Cuenca, salvo honrosas excepciones, con sectores o ámbitos de funcionamiento que podamos decir que sean modernos y eficaces, cuando menos en comparación con nuestro entorno de región y país.

Una administración eficaz necesita de directivos profesionales que no pueden ser los políticos cuyo mandato es representativo, y no exige por tanto cualificación directiva ni profesional, como debe ser por otra parte. Necesita de ámbitos de decisión y gestión meramente profesional e imparcial que atienda a los intereses generales y no a los del partido en el gobierno, que garantice los derechos de los ciudadanos y el imperio de la ley.