La Opinión de Cuenca

Magazine semanal de análisis y opinión

Ceuta y el Estrecho, diferentes caras de un mismo problema


A finales del mes pasado, saltaba la noticia en la comunidad autónoma de Ceuta: cerca de ocho mil marroquíes, muchos de ellos menores de edad, atraídos por una política errática de su país, cruzaban a nado la frontera entre ambos países, a través del dique que se encuentra en la punta de Tarajal, en una suerte de invasión sin armas -así fue definido por diversos expertos españoles en seguridad- que recuerda en parte, aquella otra marcha verde que hace ya cincuenta años, obligó a España a abandonar la colonia del Sáhara. En aquel momento llegué a pesar en retrasar la colaboración que entones tenía preparada para este mismo medio, y escribir este artículo que sólo ahora tienes, lector, entre las manos. No lo hice entonces, y ahora me alegro. Muchas veces, dejar pasar el tiempo, enfriar los temas demasiado candentes en la “nevera” de una reflexión más profunda y meditada, puede dar nuevas perspectivas, y éste es un tema lo suficientemente importante como para evitar que el árbol, un tema puntual y concreto como fue la invasión puntual y concreta de la ciudad autónoma, no te deje ver el bosque que supone el “problema” de una migración masiva, difícil de poder ser controlada. Y más teniendo en cuenta que, pocos días más tarde de aquellos sucesos de Ceuta, la mayor parte de aquellos “invasores” habían sido ya expulsados o habían regresado por su propio pie al país vecino.

Vaya por delante que todo el mundo tiene derecho a buscar una forma de vida mejor que la que le ha tocado vivir, sobre todo, aquellos que han nacido en uno de aquellos países que se han venido a llamar del tercer mundo o mundo subdesarrollado, o en aquellos que permanecen todavía inmersos en una forma de gobierno personalista y dictatorial; y Marruecos, pese a ser uno de los países más avanzados del mundo musulmán, al menos en algunos aspectos, pese a ser oficialmente una monarquía constitucional o semiconstitucional, en realidad no tanto, es también uno de esos países. La emigración, en líneas generales, no sólo beneficia al emigrante, sino que también enriquece a la sociedad que le da cobijo, y los españoles, verdadero crisol de culturas, amalgama de sociedades diversas a través de los vaivenes de la historia, sabemos mucho de ello: iberos y celtas; tartesios, griegos, fenicios y romanos; cristianos, musulmanes y judíos, nos hemos ido mezclando unos con otros a través de las generaciones, formando esta sociedad compleja que, a menudo, ni siquiera muchos de nosotros somos capaces de comprender del todo. Vaya por delante, también, que cuando la emigración es demasiado masiva, esa emigración puede incluso llegar a destruir la propia sociedad que le da cobijo, y por ello, esa sociedad también tiene el derecho de protegerse. Y vaya por delante, finalmente, que lo que no es de recibo, es que ningún gobernante del mundo tenga derecho a jugarse la vida de sus ciudadanos, algunos de ellos incluso niños, por una simple apuesta de política exterior.

El problema que surgió en Ceuta el pasado mes de mayo, y que después se extendió durante unos pocos días a Melilla, la otra plaza que los españoles tenemos en el norte de África, tan española como cualquier otra ciudad o pueblo que se halle en la propia península o en los dos archipiélagos, fue algo puntual, provocado por la atención que el gobierno español había dado a Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, y por lo tanto líder actual de los saharauis más radicalmente opuestos a la ocupación de su territorio por parte del gobierno marroquí, que había sido ingresado en un hospital de Logroño, con el apoyo del gobierno español, al haber contraído el Covid-19. Es cierto que un gobierno legítimo como el de España puede acoger como invitado a cualquier persona que desee, sin que otros gobiernos ajenos tengan derecho a oponerse a una decisión que sólo depende de ella, sobre todo cuando se trata de un fin tan solidario como éste parece. Pero también es cierto que el líder del Frente Polisario tiene causas judiciales abiertas contra él, también en el propia Audiencia Nacional de nuestro país, imputado por crímenes cometidos contra los propios disidentes saharauis, y que esto lo sabía el gobierno español, cuando el polémico líder había entrado en España, procedente de los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) con documentación falsificada.

Es cierto, también, que el asunto del Sahara es uno de los problemas que, en el campo de la geopolítica internacional, no ha sido resuelto desde hace ya demasiados años; un problema, además, que está muy relacionado con la historia de España desde que, en 1975, el gobierno español decidiera renunciar a su antigua colonia en beneficio de la autodeterminación del propio pueblo saharaui. Un problema que, desde entonces, asumido el control del territorio por el gobierno de Marruecos, no han sabido solucionar la diplomacia internacional ni las Naciones Unidas, comparable incluso con el de Palestina, permanentemente enfrentada con Israel en defensa de un territorio que se les ha negado en repetidas ocasiones, o el del pueblo kurdo, otro pueblo histórico al que se le ha venido negando su antiguo territorio, repartido entre los estados actuales de Turquía, Siria, Irak e Irán. Palestinos, kurdos y saharauis, tres pueblos condenados a vivir como refugiados en sus territorios históricos, o muy cerca de ellos, abandonados entre el olvido histórico de gran parte del mundo “civilizado”.

Pero el problema de la emigración no es, o no lo es sólo, el de los campos de refugiados, o el de la puntual invasión de Ceuta el pasado mes de mayo. Pero hablamos de problema en toda la extensión de la palabra, en todo su significado, que para la Real Academia Española sólo es sinónimo de disgusto, de preocupación, en la cuarta definición del término. En el resto de las definiciones, la academia se muestra mucho más precisa: “cuestión que se trata de aclarar”; “proposición o dificultad de solución dudosa”; “conjunto de hechos y circunstancias que dificulta la consecución de algún fin”; “planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos”. Desde este punto de vista, y sólo desde este, la emigración es realmente un problema, porque en realidad, ya lo he dicho antes, la emigración también puede enriquecer a la sociedad que la recibe, siempre y cuando esa emigración, desde luego, se reciba de una manera ordenada y fácil de asumir por ella. 

Entonces, ¿cómo debemos abordar el problema de la emigración de manera que todos podamos salir ganando? Ahí está el quid de la cuestión, el punto clave del problema: buscar el equilibrio entre una sociedad como la europea, completamente envejecida, únicamente por detrás en este sentido de la japonesa, y la llegada de una nueva población activa que puede ayudar a solucionar algunos de los problemas que se nos presentan. En un país como España, donde el problema del envejecimiento de la población todavía es más acuciante que en el resto de Europa, en el que las parejas no tienen hijos, no al menos para mantener la tasa de la natalidad, la emigración puede ser la única solución para un problema tan grave como es el del mantenimiento de un sistema de pensiones digno. Pero al mismo tiempo, choca también con la otra parte del problema: el abundante y creciente desempleo que existe en nuestro país. ¿Dónde, entonces, podemos encontrar ese equilibrio? Este es, desde luego, el principal problema que nuestros politólogos y economistas deberían resolver en un futuro próximo, un futuro que debe contar, desde luego, con una política inmigratoria adecuada.

Tampoco debemos soslayar, por muy duro que nos parezca, otro asunto mucho más sangriento: en la actualidad, desaparecida por fin la guerra fría y el telón de acero, que separaba dos formas diferentes de concebir el desarrollo en el mundo “civilizado”, el principal problema que tienen los gobiernos de los países más desarrollados, en lo que al mantenimiento de la paz se refiere, es el terrorismo de carácter islamista. Un terrorismo que puede estar directamente relacionado con la emigración, aunque a menudo se nos olvida que es precisamente en los países de origen de ese terrorismo, en los continentes asiático y africano, donde ese terrorismo se produce con mayor asiduidad, normalmente ante la falta de empatía del mundo desarrollado. En Mali, en Nigeria, en el Cuerno de África, por no hablar de Irak, Pakistán o Afganistán, organizaciones como Boko Haram, al Murabitum, al Qaeda, siguen perpetrando casi a diario acciones terroristas contra intereses cristianos o de los países occidentales, o incluso contra intereses musulmanes de otras prácticas religiosas opuestas. Por citar un ejemplo muy actual, el pasado 24 de junio fue asesinada en la región de Tigray (Etiopía) María Hernández, una joven cooperante española de Médicos sin Fronteras, junto a otros dos trabajadores locales de la organización, al ser alcanzado el vehículo en el que ellos viajaban.

La noticia saltó a los medios de comunicación españoles porque la víctima era de nuestro país. Ataques terroristas como el de Barcelona, en las Ramblas; de París, contra la revista “Charlie Ebdo” o en la sala de conciertos Bataclan; el de Berlín, en un mercado navideño, o en otras ciudades europeas como Londres, Niza o Bruselas, por no citar los sangrientos ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001; o Madrid, tres años después, nos llena de indignación. Una indignación que es, precisamente, lo que nos impide juzgar con claridad el asunto de la emigración. Un problema, éste del terrorismo, que a pesar del “buenismo” que se está imponiendo en determinados sectores de la población, está ahí, que no conviene pasarlo de largo, y que perjudica también a los propios inmigrantes. Un problema que, a menudo, no se resuelve incluso cuando se suceden las generaciones, y los musulmanes no son ya inmigrantes, sino ciudadanos de pleno derecho, nacidos ya en los países que acogieron a sus padres y a sus abuelos. Juan Pedro Quiñonero, en un reportaje publicado en el diario ABC el 8 de febrero de este año, aseguraba que, de los cerca de seis millones de musulmanes que actualmente viven en Francia, aproximadamente la mitad defienden que su doctrina y sus códigos como musulmanes están por encima de las propias leyes del Estado francés, hecho que es mucho más acuciante en regiones y barrios como el de Saint Denis, cerca de la capital parisina, donde la población de origen musulmán es ya casi mayoritaria. Por otra parte, cada vez son más, tanto en el país vecino como en el resto de Europa, los ciudadanos de origen musulmán de segunda, e incluso tercera generación, que presentan actitudes y comportamientos de carácter extremista, como saben ya los servicios secretos de estos países.

¿Cómo diferenciar, entonces, al terrorista islamista, o incluso al simple radical, con el pacífico musulmán que nos vende el pan y la fruta en una tienda de barrio, o que nos corta el pelo al lado de tu casa? Desde luego, no debemos ver en cualquier emigrante musulmán un terrorista en potencia; no es conveniente, ni para ellos ni tampoco para nosotros, ni sería tampoco justo hacerlo. Será solo la educación, la de ellos, pero también nuestra propia educación, la única herramienta que nos permitirá contemplar el fenómeno de la inmigración como una solución a nuestros problemas, más que como un nuevo problema a solucionar. Sólo la educación, y el reconocimiento mutuo de nuestros derechos, podrá ayudarnos a buscar una sociedad más justa y comprometida, más igualitaria. Sólo la educación podrá hacer que quizá un día, la emigración ni siquiera sea ya necesaria; porque todos, absolutamente todos, no sólo los que vivimos en esta parte del mundo, seamos iguales ante la ley, y también ante las riquezas que puede proporcionar una sociedad global.

 

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