La Opinión de Cuenca

Magazine semanal de análisis y opinión

La vía de regreso e Irene Montero


Nos encontramos de nuevo, añorado lector. Hace ya varias semanas que no nos leemos y cierto es que he llegado a echarle de menos.

No sé si será mutuo, pero me dispongo a creerlo igualmente. Cuestión de ser la nuestra una relación epistolar unidireccional.

Durante este tiempo navideño, mi cabeza ha divagado sobre tantos temas que tratar hoy, que ya soy incapaz de recordarlos. Sin embargo, hay uno en particular que siempre ha vuelto a mi cabeza, como el turrón aquel en estas pasadas fechas: la responsabilidad patrimonial del poder legislativo. 

Sí, ya imagino que esperaría usted otra cosa más ordinaria. No obstante, si ya es usted reincidente en la lectura de mi columna, podrá recordar a mi periquito mudo Farinelli (q.e.p.d.) o la maravillosa Maruja Limón; por lo que lo extraño sería que le sorprendiera mi variedad temática. Veamos:

La responsabilidad patrimonial no es más que la obligación de la Administración de responder de los daños que su actuación (o su falta de acción) han generado en los ciudadanos. Sencillo. Por ejemplo, cuando un camión municipal de la basura vierte aceite por la ciudad y provoca accidentes y lesiones. Ahí, el Ayuntamiento puede ser responsable también económicamente frente a esos daños.

Y cuando hablo del poder legislativo, me refiero a aquellos órganos constitucionales con la facultad de promulgar leyes, como las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos. 

Por tanto, si hablo de responsabilidad patrimonial del poder legislativo, hablo de los daños que hayan podido causar las Cortes al promulgar una ley y de quién debe indemnizar ese daño. 

Porque en una hipótesis nada peregrina, una norma puede causar daños a algunas personas, por ejemplo, al rebajar las penas impuestas a violadores que, por no estar en la cárcel el tiempo al que habían sido condenados, reiteran su delito y atacan a otra víctima. 

¿Es la sociedad la que ha considerado que esa conducta es menos grave? Rotundamente, no. Es un político -o política- quien, desconociendo o despreciando el juego de la retroactividad de la Ley Penal más favorable, ha cometido una grave negligencia.

Es evidente que esa víctima ha sufrido un daño -irreparable, por cierto-; y que, sin haberse promulgado una ley defectuosa, dicho daño -es muy probable que- no se hubiera producido. Luego, ¿no debería existir responsabilidad patrimonial del Estado legislador en tal caso? 

Y voy más allá: ¿No deberían los diputados nescientes que promulgaron dicha ley responder personalmente por su negligencia grave?

Si un funcionario se equivoca aplicando una ley y causa un daño, la administración responde (paga el Tesoro público), pero puede acudir en vía de regreso frente a la persona causante del daño y hacer que pague.

Si el Estado debiera responder por los daños derivados de una ley dañosa, ¿no debería poder regresarse frente a los Diputados que aprobaron dicha norma habiendo sido advertidos por otros órganos constitucionales de los riesgos?

Qué pocas respuestas puedo ofrecer, confundido lector. Al menos, satisfactorias.


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