La Opinión de Cuenca

Magazine semanal de análisis y opinión

Sobre el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas. Historia de una decepción


Era el mes de noviembre del año pasado cuando el Gobierno de la nación hacía pública su decisión de descartar de manera decisiva, la construcción en nuestra provincia, ni en ninguna otra, del almacén temporal centralizado de residuos radioactivos, optando por la construcción de siete almacenes individualizados, uno en cada una de las centrales nucleares que existen en España. Así se recoge en el último plan de residuos del Ministerio para la Transición Ecológica. La decisión, al menos a día de hoy, y mientras se mantenga este gobierno, no tiene vuelta atrás, poniendo fin, de esta forma, a las ilusiones, a los sueños de regeneración territorial, de una comarca y de toda una provincia, una de las más afectadas por la despoblación de toda la geografía nacional. Sin embargo, el Partido Popular ya ha anunciado, por su parte, que si recupera el poder en las próximas elecciones, se retomará este proyecto, por razones de seguridad y de coste económico. De esta forma, la batalla ideológica entre dos maneras diferentes de entender la política, pone otra vez de manifiesto el hecho de que, para muchos políticos, los intereses de los partidos son más importantes que los de los propios ciudadanos.   

Dejando atrás, de momento, el debate sobre el futuro de la energía nuclear, de sus posibilidades de futuro, tema del que ya he hablado en alguna ocasión anterior, la noticia ha sido acogida por los habitantes del pueblo conquense con la lógica desilusión, pero conviene hacer aquí un poco de historia. Corría el año 2009, durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, cuando se decidía la construcción de un cementerio nuclear centralizado, con el fin de evitar un importante gasto a las arcas públicas, superior a los sesenta mil euros diarios, que España sigue pagando a Francia como compensación por el almacenamiento de todos esos residuos en el país vecino. De esta forma, se inició un concurso público para elegir el lugar más adecuado en donde almacenar esos residuos, concurso al que se presentaron nueve municipios, la mayoría de pequeño tamaño, localizados principalmente en ambas mesetas, uno de los cuales fue el municipio conquense de Villar de Cañas, ayuntamiento que presentó su candidatura el 27 de enero de 2010, con el beneplácito de prácticamente la totalidad de sus habitantes, que veían la ocasión como una oportunidad de futuro, en una comarca, ya lo hemos dicho, desfavorecida durante mucho tiempo por la despoblación y el envejecimiento. Por todo ello, la decisión tomada por el Gobierno, presidido ya entonces por Mariano Rajoy, de construir dicho almacén en el término municipal de Villar de Cañas, tomada el 30 de diciembre de 2011, fue acogida en la localidad con la natural alegría.

En los meses siguientes, mientras en el lugar en el que se iba a instalar el almacén, y el complejo industrial que iba a llevar asociado, se iniciaban las obras, se preparaba desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un importante deseo de torpedear el proyecto, lógico sólo desde el punto de vista de un supuesto interés ideológico en contra de la energía nuclear, pero que llevaba implícito, además, otros intereses menos confesables. ¿Por qué, si no, esa inquina en contra de la construcción de un almacén nuclear, que había sido decidida en un principio por su propio partido, aunque la decisión definitiva del lugar en el que se tendría que construir fuese adoptada finalmente por el Gobierno de Rajoy? ¿Por qué, si no, el mutismo del mismo gobierno regional, respecto a la decisión tomada en los últimos meses por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el sentido de beneficiar la instalación de siete cementerios individualizados, uno en cada central nuclear? El mismo gobierno que tanto se manifestó en contra de tener en su territorio un almacén nuclear, sin embargo, se mantiene en silencio ahora, cuando se encuentra con que no va a tener ya uno, sino dos, ambos en la provincia de Guadalajara.

Porque no hay que olvidar que durante toda la década pasada, ese gobierno hizo lo posible y lo imposible para evitar la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas, hasta llegar incluso a caer en un posible delito de prevaricación, al intentar extender de manera artificial el espacio de la reserva natural de nidificación de la laguna de El Hito hasta unos límites excesivamente amplios, unas veinticinco mil hectáreas, intentando, de esta manera, que dicho espacio comprendiera los terrenos en los que debía establecerse el almacén. Una decisión que fue denunciada desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, generando de esta manera un litigio judicial que sucesivamente fue ganado por este último en todas las instancias judiciales, pero que le sirvió a la Junta de Comunidades para ir retrasando el proyecto. “El Gobierno defiende los intereses de la región, de esta generación y las venideras, y protege la diversidad medioambiental y paraliza, por tanto, un proyecto que no ofrece garantías suficientes y evita la posibilidad, por muy remota que sea, de un desierto nuclear”, afirmaba en julio de 2015 el portavoz del gobierno de Emiliano García Page, Ignacio Hernando. Unas palabras cargadas más de ideología que de otra cosa, tal y como demuestra su silencio ante la nueva decisión del gobierno central de construir cementerios individualizados en las propias centrales nucleares.

De esta manera, entre litigio y litigio, en 2020 se decidió la paralización de las obras del almacén centralizado de Villar de Cañas, lo que ha provocado al gobierno central un importante sobrecoste, si tenemos en cuenta tanto el dinero gastado ya en un proyecto que no se va a realizar como la importante suma que diariamente seguimos pagando a Francia para que el país vecino se encargue de almacenar nuestros residuos nucleares. Pero es que, además, la propia construcción de los siete pequeños almacenes individualizados va a ser mucho más costosa que la construcción de un único almacén centralizado. Así lo explicaba Enrique Morales, en un artículo publicado en prensa el 10 de septiembre del año pasado: “Un mes después de la investidura de Sánchez, en julio de 2018, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) anular la autorización de construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que debería acoger durante décadas los residuos y combustibles de las centrales nucleares. Como opción ya se baraja, según recoge la versión inicial del 7º Plan General de Residuos Radiactivos dado a conocer en abril, la construcción de siete ATCs, de menor tamaño, en cada una de las plantas, un proyecto que supondría aumentar en 2.124 millones la factura del desmantelamiento nuclear. Los costes de todo el proceso sumarían 24.435 millones con el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) y de 26.560 en el caso de que se opte por ATCs descentralizados.”

El dato, con ser importante, no es el más importante de todos. Si hablamos de seguridad, concepto en el que debe basarse cualquier decisión que afecte a la energía nuclear, varios son los expertos que se han manifestado ya en este sentido.  Javier Dies Llovera, catedrático de energía nuclear en la Universidad Politécnica de Cataluña y miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, emitió un voto particular muy crítico en contra de la decisión adoptada por sus compañeros del consejo, en base a un informe redactado por él, un informe que contiene dieciocho páginas, en las que desgrana los motivos que le hacen pensar, recogemos sus propias palabras, que tanto el propio consejo como el Ministerio de Transición Ecológica, se equivocan. Motivos que están relacionados con la economía, pero también, y esto es lo más importante, con la seguridad. "Una estrategia sólida y que permitiría tener un nivel de seguridad más alto en España sería mantener la política iniciada en 2004 … España tendría un plan de combustible irradiado con un sobresaliente … En cambio, la opción de ir a siete ATC situaría a España en el grupo de países que han fracasado en el desarrollo de una gestión excelente de los residuos de alta actividad". Por su parte, el divulgador sobre energía nuclear Alfredo García, que además es empleado, como operador, en la central nuclear de Ascó, en Tarragona, y por lo tanto uno de los puntos en los que se va a establecer uno de dichos almacenes individualizados, ha afirmado que la nueva decisión del ministerio, además de ser un desperdicio de recursos y de dinero, es contraria a la decisión mayoritaria en el resto de los países de nuestro entorno. En este sentido, por lo tanto, y como en tantas otras cosas que nos afectan, nuestro país va con el paso cambiado respecto al resto de Europa.

A mi modo de ver, el problema es que la energía nuclear es un tema demasiado politizado. Muchas son las voces, desde una parte importante del espectro político, contrarias a la energía nuclear, voces que se miran en el espejo de graves accidentes nucleares, como los de Chernóbil, en la Ucrania todavía soviética, o Fukushima, en Japón, provocado por un importante terremoto y el consiguiente tsunami generado en la zona. En contra de este tipo de aprovechamiento energético, muchas voces defienden los beneficios generados por otros tipos de energía, considerados incondicionalmente como energías limpias. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que, al menos de momento, no podemos renunciar a la energía nuclear, y hasta países tan manifiestamente contrarios a este tipo de energía, como Alemania, no ha tenido más remedio que dar marcha atrás en eso que se ha llamado su “apagón nuclear”, que les iba a llevar a desconectar todas sus centrales nucleares este mismo año. Y no sólo ello: la guerra ha provocado también en el país centroeuropeo una moratoria a las centrales basadas en la energía producida por el carbón, la más contaminante de todas.

Al mismo tiempo, en algunos sectores ya empiezan a escucharse críticas respecto a las energías renovables, quizá no tan limpias como se nos pretende hacer ver. “El mundo rural se revuelve contra un modelo energético poco ético y perjudicial para los pueblos”; “Denuncian que el Gobierno quiere facilitar la especulación y pasar por encima de los pueblos con los parques eólicos”; “Los alcaldes de la Ruta de la Plata se levantan en armas contra la avalancha de las fotovoltaicas”. Son noticias que en los últimos días hemos podido leer en los medios de comunicación, y que ha menudo se hurtan al debate público. La energía nuclear es mala, muy mala, y las energías renovables son buenas, muy buenas, para una parte importante de la opinión pública, y a menudo se desestiman aspectos como la destrucción paisajística provocada por los macro parques eólicos o fotovoltaicos, que ha generado la destrucción de muchos olivares y encinares, algunas veces centenarios, o la muerte de aves, a menudo de especies protegidas, o los daños sobre la propia agricultura o la ganadería. Muchos agricultores se ven obligados a abandonar sus producciones, aumentando con ello la despoblación de unas provincias que de por sí están ya muy despobladas. 

Más allá de toda la problemática actual, tenemos que hacernos una pregunta de cara al futuro. ¿Serán suficientes las renovables para abastecer todas las necesidades energéticas que tendrá Europa dentro de muy pocos años, cuando, tal y como se nos promete, toda nuestra flota automovilística, y no sólo la automovilística, que también se está hablando ya de sustituir los combustibles sólidos en otros medios de comunicación, como los aviones, e incluso los cruceros, esté basada sólo en la energía eléctrica? Aunque recientemente se han anunciado algunos avances en lo que se refiere a la generación de energía en base a la fusión nuclear a partir de nuevos elementos, como el deuterio o el tritio, imaginar un verdadero aprovechamiento energético de este tipo en los próximos años sigue siendo una entelequia. 

 

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