La Opinión de Cuenca

Magazine semanal de análisis y opinión

Una nueva ley de educación problemática


Enseñar matemáticas en perspectiva de género, tal y como la ministra nos adelantó hace ya algunos meses, parecería una broma cruel, si no fuera porque el asunto va muy en serio, como también va en serio esta nueva ley de educación que se pretende aprobar -que se aprobará, sin duda-, y que va a dar una vuelta de tuerca más a esa absurda pretensión que tienen todos los gobiernos -los de izquierdas y los de derechas, pero más los primeros, sobre todo en estos últimos años-, de convertir las aulas en un motor más de adoctrinamiento político y social. Aunque quizá esta pretensión del gobierno no sea tan absurda, porque ésta es la verdadera intención a la hora de aprobar esta nueva ley, y en este sentido, tenemos que reconocer que el gobierno lo está haciendo bien, que la izquierda tiene ganada sobre la derecha la batalla de la información, gracias sobre todo a su excepcional manejo de las fuentes de información. Y es precisamente ésta la intención de la nueva ley, mas allá de una supuesta mejoría de los resultados académicos: trasladar también a las aulas, como formadoras de los españoles del futuro, esa batalla de la información que representan los periódicos y los medios de comunicación para los españoles de hoy.

Parece incluso absurda la traslación de la polémica a ciertos medios de comunicación, en la que los supuestos expertos educativos, movidos más por su propia ideología que por una verdadera información intelectual, intentan defender lo indefendible. Y es que ni siquiera las matemáticas, la más aséptica y más pura de todas las ciencias, es ajena a esta forma de politización que se pretende imponer en las escuelas. Una ley en la que, en esta materia, se habla más de género que de sumas y restas, como se ha dicho, una ley que pretende decir que las operaciones matemáticas tienen género, no deja de ser una broma sin sentido. Y si esto sucede con las matemáticas, ¿qué podemos pensar de lo que se quiere hacer con otras asignaturas menos asépticas, como la lengua o la literatura? No es necesario tener dotes de adivino para saber que los grandes genios de nuestra literatura, los grandes maestros del Siglo de Oro o de la Generación del 27, o incluso los grandes genios de la literatura universal, van a desaparecer de los planes de lectura de nuestros adolescentes, o sólo van a ser leídos en clave ideológica, en beneficio de otros nombres  menos universales, cuyo único valor no tiene mucho que ver con la calidad real de sus obras. No es necesario ejercer de adivino, tampoco, para saber que la enseñanza de la lengua será en los términos propios de ese lenguaje inclusivo, que los políticos actuales están llevando a los límites de ese absurdo menos comunicativo.

Pero donde la batalla por la ideología va a llegar a sus últimas consecuencias, no cabe duda, va a ser en esas asignaturas consideradas tradicionalmente como las humanidades. Es en las humanidades donde más se desarrolla en los estudiantes ese espíritu crítico que la nueva ley, como otras leyes anteriores que la precedieron, quiere dinamitar. Hace unas semanas, Alfonso López Quintás, catedrático emérito de Filosofía y miembro de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, escribía lo siguiente en una de sus colaboraciones para la Tercera de ABC: “Se quiere privar a los estudiantes españoles de la filosofía. ¿Se sabe en España lo que significa esta pérdida? Si te quitan una joya artística del museo de tu ciudad, te sientes expoliado y luchas por evitar semejante despojo. ¿Qué tipo de despojo es el de la filosofía? Suele decirse que la filosofía nos enseña a pensar, nos da libertad frente a las insidias de la manipulación, otorga a nuestra mente una capacidad crítica… y es verdad.” Y a continuación, el filósofo abandona ese plano de la pura teoría para pasar a analizar una serie de cuestiones prácticas, en las que demuestra por qué el abandono de la filosofía en las aulas sería como un tiro en el pie para nuestro sistema educativo futuro. A partir del momento en el que fue anunciada la desaparición de la filosofía en nuestros nuevos planes de estudio, se desencadenó, como no podía ser de otra forma, una agria polémica, y aunque esa desaparición, según el borrador ya publicado, ya no es completa, sí es cierto que desaparece para algunos sectores de edad, y cuando se mantiene lo hace, una vez más, desde una perspectiva puramente ideológica.

En efecto, de un tiempo a esta parte se viene producido en nuestras aulas una disminución de ese espíritu crítico, que está en consonancia con la menor importancia que en los programas se le vienen dando a las asignaturas de humanidades. En lo que se refiere a la historia, el estudio de nuestro pasado sólo a partir del año 1812 va a provocar en nuestros estudiantes, sin duda, un profundo desconocimiento de la historia de España. ¿Por qué precisamente en 1812, y no en otro año cualquiera de nuestra historia? ¿Qué pasó en 1812 para que ese año fuera importante? Y en que si se aplica con exactitud el programa, ni siquiera van a conocer las claves y el desarrollo total de nuestra Guerra de la Independencia, que, como es sabido, se había iniciado ya cuatro años antes.

Y no sólo de esa guerra, que tanto significó para el desarrollo futuro de España y de Europa, sino también de nuestra propia esencia como españoles y como europeos. ¿Se puede estudiar y comprender la historia de España, y por extensión también la de Europa y, más allá del continente europeo, la del resto de los países que comparten con éste un sistema político de carácter liberal, si no tenemos en cuenta los dos factores globalizadores que, ya desde la antigüedad, conformaron su sistema de valores, esto es, el mundo clásico grecorromano y el cristianismo? Los españoles y los europeos, incluso los americanos, gracias al tantas veces denostado descubrimiento del nuevo continente y su posterior colonización, somos como somos, tan diferentes a los ciudadanos que proceden de los países islámicos, gracias precisamente a estos dos factores, y el olvido o el desconocimiento de ello tendrá sus consecuencias, claramente negativas, en la sociedad del futuro. El conocimiento de la historia nos enseña a no repetir los errores del pasado, y sobre todo, a ser mejores ciudadanos. El conocimiento de lo que los rusos hicieron en el bosque de Katyn, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, desde luego no habría impedido la inhumación de miles de cadáveres ucranianos en Mariúpol, hace sólo unos días, pero ayuda a comprender mejor que las guerras, por más crueles que sean, también deben tener unas reglas, unas líneas rojas que nunca deberían sobrepasarse.

Pero ni siquiera el estudio de la historia contemporánea, o que se ha venido a llamar la historia del tiempo presente, estará exenta de ese espíritu ideológico que marca a todo el decreto. De la misma forma que el debate sobre la Guerra Civil ha saltado de nuevo a los medios de comunicación, y lo ha hecho de una manera más ideológica que puramente histórica, transformando una guerra que es poliédrica, con todas sus caras y significados, en un cierto enfrentamiento entre buenos y malos, tampoco parece que sea un ejercicio de adivinación pensar en las claves ideológicas que existen detrás de estos planes de estudio, pero en este caso sin que pueda haber una posibilidad de debate. La Ley de la Memoria Democrática, poco democrática por sí misma, impedirá ejercer una cierta libertad de cátedra en este tema a los profesores que pretendan ir más allá de la posición oficialista que caracterizará a los planes de estudio y a los libros de texto. Y por otra parte, tampoco hay lugar en esos planes para el estudio de diferentes hechos históricos que puedan resultar comprometedores, como el terrorismo de ETA.

Pero más allá de todo ello, más allá de unos planes de estudio que, cuando menos, son bastante polémicos, hay que destacar la negativa apuesta que el decreto hace en lo que se refiere al esfuerzo, llegando incluso a permitir la obtención del título con alguna asignatura suspensa, algo que hasta ahora no se había producido en ninguna ley educativa anterior. Es cierto que el decreto establece las condiciones que para ello deben cumplirse, pero se deja en manos de los profesores la decisión definitiva, convirtiéndoles en jueces. Se podría decir que los profesores ya son jueces por sí mismos, en el sentido de que son ellos, los que, a través de los exámenes y de otras pruebas de conocimiento, deben valorar las competencias adquiridas por los alumnos, pero la diferencia con el decreto actual es que, a partir de ahora, tendrán que realizar esa evaluación definitiva, la que supone la concesión o no del título en cuestión, sin esos instrumentos objetivos en los que apoyarse, pudiendo establecerse diferencias entre unas comunidades y otras, o incluso entre diferentes centros de una misma comunidad.

Se podría decir también, y con razón, que yo no soy ningún experto en educación, ni lo pretendo. Otros periodistas, filósofos, pedagogos, …,  estos sí, expertos en este tema, ya se han manifestado también en este mismo sentido. Por ello, quiero apoyarme en la profesionalidad de José Antonio Marina, filósofo y pedagogo, quien ha dejado escrito lo siguiente: “Si se quiere que la educación por competencias tenga éxito, y no se acabe haciendo una educación cosmética, para cumplir el expediente, creo que su aplicación debería demorarse un año, que debería emplearse para el perfeccionamiento del proyecto. De lo contrario, corremos el riesgo de tomar lo peor de los dos sistemas, del competencial y del de asignaturas. Uno por otro, la casa quedará sin barrer".

 Esta ley, como todas las leyes de educación, tienen fecha de caducidad: el tiempo que tarde la derecha en alcanzar de nuevo el poder. Éste es, precisamente, el principal problema que comparten todas las leyes de educación que ha tenido España en las últimas décadas, que todas ellas han sido realizadas solamente por el partido que en ese momento estaba en el poder, sin pretender buscar un amplio consenso de mayorías en el que puedan estar representados todos los partidos, o al menos, todos aquellos que puedan estar representados en el conjunto de la sociedad, más allá de simples coyunturas sociales. Y mientras esto siga siendo así, nuestro país seguirá quedando retratado cada año en los respectivos informes PISA, que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el informe correspondiente al año 2021, por ejemplo, España había quedado como uno de los países peor puntuados en este informe, con 483 puntos, seis por debajo de la media de los países analizados, cuando Estonia, la más valorada, lo estaba en 530 puntos. Esto por lo que respecta a la prueba de ciencias, que en la de matemáticas las diferencias eran ligeramente superiores. El dato, negativo por sí mismo, lo es todavía más si tenemos en cuenta que la tendencia en los últimos años es también descendiente.

 

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